Por la cantidad de beneficios, crecen las dudas en torno a la gerencia de TextilCom
Para instalarse en Catamarca, el empresario Carlos Vilariño accedió a beneficios impositivos, subsidios en los salarios, créditos y hasta un comodato por la planta.
El conflicto desatado por el cierre de la fábrica TextilCom encendió las alarmas, pero con el correr del tiempo provocó el enojo de funcionarios del sector e incluso otros colegas de la industria: el propietario de la empresa, Carlos Vilariño, accedió a numerosos beneficios y facilidades del Gobierno Provincial y Nacional y es hasta el momento la única que bajó la persiana en Catamarca. Desde el predio recuperado, hasta la capacitación de empleados y salarios subsidiados, quedó una larga lista de dudas tras el cierre.
Al momento de su inauguración, TextilCom inició la actividad con 130 trabajadores. Según la información oficial, 30 de ellos eran beneficiarios del programa nacional Potenciar Trabajo, que era una prestación de $78.000 hasta el momento de su eliminación a fines de febrero; y otros 39 eran beneficiarios del Fomentar Empleo, un subsidio al salario que recibían los empleadores que contrataban a personas que habían accedido a este programa destinado a desempleados de entre 18 y 64 años, que a su vez debían capacitarse.
Los trabajadores habían sido capacitados en talleres que organizaba la Provincia, algo que el ministro de Industria, Sebastián Caria, igualmente consideró como "una inversión" cuando fue consultado al respecto. TextilCom se inauguró con 130 empleados en planta en agosto de 2022 y Vilariño prometió que llegaría a 250 empleados en "el corto plazo".
La Provincia, además, aportó el predio donde se instaló la empresa y se lo cedió en comodato, por lo que ahora buscará recuperarlo. Se trata de prácticamente una manzana completa donde funcionó hasta 2017 la fábrica de Yersiplast. El Gobierno recuperó el predio y lo convirtió en un polo textil, ya que allí también funciona RA Intertrading, la empresa que confecciona para marcas como Adidas, Puma, Nike, entre otras.
TextilCom accedió a un crédito de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (ex CAPRESCA) de $40 millones de pesos y además a otro crédito del Banco de la Nación Argentina de $80 millones con los que acondicionó el lugar. Según industria, se hicieron nuevos sanitarios y una mejora del cielorraso.
Todo esto se suma a los beneficios impositivos que estaban previstos en el régimen de promoción para la industria textil y del calzado, que entre los beneficios incluía aportes no reintegrables al empleador para contribuciones patronales y de personal, nuevas contrataciones, etc.
Ahora se suma un subsidio indirecto a la empresa, ya que el Gobierno otorgó $300.000 a cada empleado para resguardar la situación económica hasta que la planta se reactive o cobren el aporte de ANSES.
Críticas
Cuando se conoció la noticia del cierre, el ministro de Industria, Sebastián Caria, se reunió con el empresario en Buenos Aires y también con las marcas como Grisino, Cheeky, Mimo, entre otras. Vilariño había prometido empezar a producir cerca de un millón de prendas anuales y Cheeky requería unos ocho millones. En ese sentido, Caria explicó que las marcas no disminuyeron su demanda de trabajo; y que el cierre obedecía a una decisión del empresario, que también cerró la planta de La Rioja, inaugurada dos meses después que la de Catamarca.
Caria cuestionó que Vilariño "se manejó como un tallerista" y que había rechazado las herramientas que le ofrecía la Provincia para continuar con el proyecto.
El titular de la UICA, Carlos Muia, también apuntó al empresario al señalar que "no es una problemática generalizada del sector" y que si bien hay otras plantas con medidas paliativas, TextilCom fue la única que decidió cerrar y echar a 134 empleados. Muia pidió que las marcas que contrataban a Vilariño se hicieran cargo de esa situación, pero también cuestionó la falta de controles estatales. "Si alguien toma un crédito y no paga la primera cuota, no paga la segunda, no paga la tercera, tampoco la octava... alguna alarma se tiene que encender", cuestionó.
Los empleados también habían denunciado que hasta el momento del cierre, después de 21 meses de actividad, la empresa no había pagado ni un solo aporte patronal: de hecho, el Gobierno debió intimarla para que de esta manera los empleados despedidos pudieran cobrar el Fondo de Desempleo de la ANSES. n
