Catamarca, sin mecanismo local de prevención de la tortura
Policías condenados por violencia y femicidio y la Legislatura sigue en mora
El último proyecto de ley perdió estado parlamentario en 2023. Desde entonces, no hay avances.
Fatalidad. Cuatro chicos calcinados en la alcaidía de menores.
El 9 de septiembre de 2011, cuatro adolescentes murieron calcinados en la Alcaidía de Menores de Catamarca. Más de 15 años después, no hay culpables. La Justicia reconoció que el Estado falló antes del hecho, durante el hecho y después del hecho. Sin embargo, la Legislatura provincial no aprendió la lección. Catamarca sigue siendo una de las seis provincias del país que no cuenta con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLP), el organismo previsto para realizar visitas independientes de monitoreo a los lugares de encierro. El último proyecto de ley para crearlo perdió estado parlamentario en 2023 y desde entonces no hubo ningún avance legislativo. Tampoco hubo en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial, ni en las redes sociales de sus integrantes, pronunciamiento alguno sobre la Tragedia de la Alcaidía ni sobre la impunidad de la causa.
La deuda no es nueva ni desconocida. En diciembre de 2025, el informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) formuló duras críticas a Catamarca por no haber atendido las principales recomendaciones realizadas en 2022. Esas recomendaciones abarcaban tres ejes: el accionar de las fuerzas de seguridad, las condiciones de los centros de detención, y los hechos de tortura y maltrato. En junio de 2026, un nuevo informe del CNPT volvió a señalar a Catamarca entre las provincias que aún no cuentan con el MLP. La provincia no tiene excusa: la ley nacional que obliga a las provincias a crear estos mecanismos data de 2012. Han pasado 14 años.
La ausencia de control independiente sobre los lugares de encierro no es un problema abstracto. Tiene consecuencias concretas, documentadas y reiteradas. En octubre de 2024, en la Comisaría de Londres, departamento Belén, un detenido prendió fuego a los colchones de la celda que compartía con otro joven privado de la libertad. El saldo: un hombre con un solo pulmón, problemas en el páncreas, incapacidad laboral permanente y secuelas que lo marcan de por vida. "Él me quemó. Todos los días sufro", declaró la víctima ante el tribunal.
El caso presentaba irregularidades que resonaron tristemente con las de la Alcaidía de 2011: colchones de poliuretano altamente inflamable, un único celador a cargo de toda la comisaría, ausencia de medidas de seguridad contra incendios. El celador reconoció en el debate que, tras el siniestro, no le iniciaron ningún sumario administrativo. El Estado volvió a fallar y nadie respondió por esa falla.
En 2025, según datos oficiales relevados por este medio, se registró en Catamarca una denuncia por apremios ilegales por semana. No se trata de hechos aislados ni de casos excepcionales: es un patrón sistemático que el propio CNPT documentó, señaló y reclamó que se atendiera. Sin resultados.
Silencio
Lo que hace más grave la situación es el contraste entre la evidencia acumulada y la inacción política. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura recomendó en 2022 que Catamarca creara su MLP. En 2023, el único proyecto de ley que existía a tal fin perdió estado parlamentario sin que nadie lo renovara. En 2025, el CNPT volvió a señalar la deuda. En 2026, la deuda sigue vigente.
Mientras tanto, los mismos legisladores que guardan silencio sobre este tema se pronuncian activamente en redes sociales y en el recinto sobre cuestiones de menor trascendencia institucional. La violencia en los lugares de encierro, la muerte de personas bajo custodia estatal y la ausencia de mecanismos de control independiente no parecen merecer, para la clase política catamarqueña, ni una declaración de repudio ni un proyecto de ley.
La Sala Penal de la Corte de Justicia lo dijo con claridad en su fallo sobre la Tragedia de la Alcaidía; el Poder Judicial debe responder “como parte responsable de la desidia, inacción y falta de voluntad evidenciadas en estos años en los que, a pesar de que la causa estaba lista para la realización del debate, éste no se hizo”. Mientras tanto, el Poder Legislativo, hace caso omiso.
Obligación internacional
Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) en 2004. Ese tratado obliga al Estado a crear mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura. A nivel nacional, el CNPT cumple esa función desde 2012. A nivel provincial, la Ley Nacional 26.827 estableció la obligación de que cada provincia creara su propio MLP.
Catamarca lleva 14 años sin cumplir esa obligación. No es un olvido. Es una decisión política. Una decisión que tiene víctimas concretas: las personas privadas de libertad en condiciones que el propio Estado reconoce como deficientes, sin que nadie las visite, las controle ni las proteja.
El CNPT tiene facultades para monitorear los lugares de encierro a nivel nacional, pero su capacidad operativa es limitada frente a la extensión del territorio argentino. Los MLP provinciales son el complemento indispensable: visitas regulares, independientes y sin previo aviso a comisarías, alcaldías, centros de detención juvenil y establecimientos penitenciarios. Sin ese control, las condiciones que causaron la muerte de Franco, Nelson, Nelson y Franco en 2011 pueden repetirse y casi se repitieron en Londres en 2024.
¿Cuántos incendios, cuántas denuncias por apremios, cuántos informes del CNPT, cuántas tragedias se necesitan para que la Legislatura de Catamarca sancione una ley que el país espera desde hace catorce años? La respuesta, por ahora, es el silencio.
