Un grupo de policías autoconvocados se manifestó ayer frente a las oficinas del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) para reclamar por el estado de la revisión salarial pactada en febrero pasado y por la situación de los aspirantes a la fuerza, que según denuncian perciben una beca insuficiente y deben pagar de su bolsillo el uniforme reglamentario. Los representantes policiales informaron que ya se pautó un nuevo encuentro para mañana, jueves, del que participarán autoridades de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario.
- El Ancasti >
- Edición Impresa >
- Policiales >
Policías autoconvocados se movilizaron por una nueva revisión salarial
Un grupo de efectivos reclamó que se retome el acuerdo pactado en febrero, todavía sin aplicar en su totalidad.
Representantes de los manifestantes dialogaron con El Ancasti tras elevar una nota dirigida al secretario de Seguridad, Gastón Venturini. "El motivo es retomar una revisión salarial que fue acordada en febrero de este año", explicaron.
El planteo de los autoconvocados no es nuevo y viene arrastrándose desde fines del año pasado. En diciembre, en una reunión encabezada por el propio Venturini, se había establecido que en los primeros días de febrero se convocaría a una nueva instancia de diálogo para avanzar en las negociaciones salariales. Sin embargo, el compromiso no se concretó en los plazos previstos.
Ante la demora, el 10 de febrero el Centro Mutual de Policías Retirados de Catamarca presentó una nota formal ante la Jefatura de Policía, a cargo del comisario general Marcos Herrera, en la que solicitó que se gestionara la convocatoria a un nuevo encuentro. La entidad pidió además que participaran todas las asociaciones con personería jurídica que representan a distintos sectores del personal retirado de la fuerza y del Servicio Penitenciario, con el objetivo de llegar a una posición consensuada antes de sentarse a negociar con el Gobierno. Ese reclamo derivó, semanas más tarde, en el acuerdo salarial que finalmente se firmó en Casa de Gobierno.
Aquel acuerdo había fijado un salario mínimo neto de ley para el personal del Escalafón Seguridad de $1.200.000 a partir de la liquidación de marzo, monto que debía ascender a $1.400.000 con los haberes de julio. También incorporó un mecanismo de actualización bimestral y acumulativa del punto índice, atado al índice de precios al consumidor que publica el INDEC, con revisiones previstas para marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero de 2027.
Del encuentro habían participado el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Marcos Herrera, y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, entre otros funcionarios. En aquel momento, el Gobierno provincial había reafirmado su compromiso de sostener el diálogo institucional y garantizar previsibilidad salarial para el personal de seguridad.
Casi cinco meses después de aquella firma, los autoconvocados sostienen que ese esquema no se cumplió como se había previsto y que persisten irregularidades en las liquidaciones. Según explicaron, uno de los problemas centrales tiene que ver con los haberes que percibe el personal de suboficiales retirados: "El retirado no percibió el incremento del nivelador, porque es no remunerativo, es decir, en negro. Por eso hemos tenido muchas quejas de nuestros compañeros", señaló una de las representantes, que calculó en unos 900 los efectivos retirados afectados por esta situación.
Aspirantes
El otro eje del planteo tiene que ver con la situación de los aspirantes a la fuerza. Los manifestantes cuestionaron que, pese a que "ahora van a ser todos afectados para el Poncho" -en referencia a la cobertura de seguridad que demanda la Fiesta Nacional- todavía "no ha salido siquiera el acto administrativo que los determine como estudiantes".
A esto se suma el monto de la beca que perciben, que según los autoconvocados "ronda los $30" mensuales. La comparación que utilizaron para graficar el desfase fue elocuente: "El uniforme sale $1.200.000 y lo tienen que pagar los chicos". De acuerdo a sus cálculos, son alrededor de 150 los aspirantes alcanzados por este problema. "Desde enero a julio no han cobrado absolutamente nada. Hemos recibido muchas quejas de los papás que tienen que estar costeando todos los gastos", cerraron.