El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, del Distrito Este, elevó a juicio una causa contra una integrante de la Policía de la Provincia por “severidades y vejaciones ilegales agravadas por ser cometido con violencia” en perjuicio de dos mujeres. La defensa solicitó el sobreseimiento de la acusada por prescripción de la acción penal y el Juzgado de Control de Garantías N°3 rechazó el pedido.
En agosto el caso fue enviado a juicio y el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones, ya que la defensa se opuso a la elevación a juicio, confirmada por el juzgado de Control de Garantías. El hecho ocurrió en mayo de 2015 cuando la policía Dagma Yazmín Moya, junto a otros efectivos, se presentó en la peatonal Rivadavia donde pidió a las damnificadas que se retirasen del lugar.
Las mujeres manifestaron que contaban con permiso para trabajar en ese lugar y ante la insistencia policial, una de ellas comenzó a grabar en video la situación con su teléfono celular. Por esa acción los agentes las trasladaron a la Comisaría Primera, donde habrían sufrido actos de vejación y severidad. La investigación determinó que la responsabilidad penal recae en Moya.
En mayo de este año, la defensa técnica de la imputada solicitó que se declare prescripta la acción penal, argumentando que el plazo había vencido en 2020 y que el proceso superó un plazo razonable. La Fiscalía se opuso al planteo, al considerar que el delito imputado fue cometido en ejercicio de funciones públicas, ya que la acusada es numeraria de la Policía de la Provincia. Explicó que el plazo de prescripción se encuentra suspendido, conforme a la ley, que prevé esa excepción para los funcionarios públicos que permanecen en el cargo.
