La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca realizó ayer una audiencia de expresión de agravios en el marco de un recurso de casación presentado por la defensa de un hombre imputado en una causa por un delito contra la integridad sexual.
El recurso fue interpuesto durante la audiencia de admisión de evidencias del sistema de juicio por jurados dirigido por el juez Marcelo Soria.
La Corte habilitó el tratamiento del agravio relacionado con el rechazo del pedido de sobreseimiento por supuesto vencimiento del plazo razonable, mientras que declaró formalmente inadmisibles los demás planteos formulados por la defensa.
Durante la audiencia, el abogado defensor Cristian Daniel Lagoria sostuvo que el proceso se prolongó durante un período irrazonable y cuestionó la forma en que fue computada su duración.
Señaló además que la investigación se inició en enero de 2014 y advirtió que existió un período de inactividad estatal de más de ocho años.
Según el planteo de la defensa, esa demora también habría afectado las posibilidades de producción y control de la prueba. En ese sentido, solicitó que se haga lugar al recurso, se declare la extinción de la acción penal por afectación de la garantía del plazo razonable y se disponga el sobreseimiento definitivo del imputado.
Sin embargo, según la información a la que pudo acceder El Ancasti, la cronología de la causa incluye un antecedente que deberá ser considerado al reconstruir su tramitación. La víctima habría desistido de la denuncia alrededor de 2018 y, posteriormente, habría vuelto a impulsar la causa, momento a partir del cual se reanudó la investigación.
El dato resulta relevante frente al requerimiento de la defensa sobre la duración del proceso.
Por su parte, el fiscal Víctor Mauvecín solicitó el rechazo del recurso, al considerar que no existió una afectación concreta de los derechos del acusado.
La prescripción en la Justicia penal argentina es el límite de tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito (prescripción de la acción), o para ejecutar una condena firme (prescripción de la pena). Es una institución de orden público, opera de pleno derecho y los jueces deben declararla de oficio. En este caso, la defensa apunta a la primera opción, para evitar el juicio por jurados.
