La Fiscalía Federal de Catamarca a cargo de Rafael Vehils Ruiz, pidió al juez Federal Miguel Ángel Contreras que resuelva la situación procesal de todos los imputados en el marco de la causa Adhemar Bacchiani.
lunes 25 de septiembre de 2023
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SUSCRIBITELa Fiscalía Federal de Catamarca a cargo de Rafael Vehils Ruiz, pidió al juez Federal Miguel Ángel Contreras que resuelva la situación procesal de todos los imputados en el marco de la causa Adhemar Bacchiani.
En su requerimiento realizado a principios de agosto, el fiscal efectuó un detallado repaso de las distintas instancias de la investigación.
En el pedido de resolución solicitó que cada uno sea procesado según los hechos y los delitos por los cuales fueran imputados, teniendo en cuenta que hubo dos etapas en el proceso de investigación: el inicio tras el cual fueron imputados Bacchiani y sus principales laderos y, la etapa que a partir de la producción de abundante prueba derivó en la imputación de nuevos sospechosos.
En este contexto, pidió procesar a Bacchiani; Zaraive Celeste Garcés Rusa, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, Sofía Esther Aylan, María Lihue Banegas, Lucas Bernando Barrera Oro, Pablo Daniel Olmi, Augusto Gabriel García Alaimo, Iván Gonzalo Segovia, Mariano Rubén Manzi, Justa Ramona del Valle Figueroa, César Augusto Agüero Berrondo, Lucas Esteban Retamozo, Sofía Beatriz Piña, Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbecher Denett, por los delitos de "estafa, lavado de activos, asociación ilícita e insolvencia fraudulenta (...) todos ellos en concurso real con el delito de asociación ilícita".
Recordó además que en un primer momento solicitó el procesamiento para Bacchiani, Garcés Rusa, Blas, Sarroca, Sagripanti Orellana, Sosa, Aylán, Barrera Oro, Banegas, Olmi y Segovia por "intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautores" y que el juez solamente procesó a Bacchiani, Blas, Sarroca, Garcés Rusa, Aylan y Segovia solo como "coautores del delito de intermediación financiera no autorizada, agravada por la utilización de publicidad".
Al momento de dictar ese procesamiento, el juez dispuso la falta de mérito para Sagripanti Orellana, Sosa, Banegas, Barrera Oro y Olmi.
Posteriormente Contreras declaró su incompetencia material respecto de los delitos de asociación ilícita y las actuaciones fueron remitidas a la Justicia ordinaria de la Provincia dejando sin resolver lo concerniente al delito de lavado de activos.
Esta situación generó una controversia entre las partes intervinientes y luego de varios meses la Cámara de Apelaciones de Tucumán no hizo lugar a la determinación de Contreras y le ordenó investigar todos los delitos, o sea, los cuatro imputados al comienzo de la causa.
Es a partir de la situación surgida tras el fallo de la Cámara de Apelaciones que Vehils Ruiz le reclama al juez, avanzar y resolver la situación procesal de todos los imputados, que solamente estaban procesados por intermediación financiera.
Habiendo transcurrido año y medio desde que se inició el expediente, el Ministerio Público Fiscal consideró que existen elementos de prueba suficientes para demostrar que los imputados formaron parte de "una asociación y/o banda, dedicada a realizar maniobras fraudulentas, captando inversores tanto en esta provincia como en las provincias de Tucumán y Córdoba".
Estas captaciones eran realizadas "a través de publicidad, haciendo de intermediarios financieros, celebrando contratos, inversión en el mercado de criptomonedas y captación de ahorros, ofreciendo intereses mensuales por un valor muy superior a la de las entidades bancarias, sin la debida autorización".
Y agrega: "Todas estas actividades tenían además el propósito de lavar activos, es decir, transformaba los bienes y dinero recibidos de los ahorristas en bienes y criptomonedas, danto apariencia de legalidad a estos ingresos que habían sido obtenidos de manera ilegítima".
El fiscal puso especial énfasis al remarcar el delito de lavado de activos, que para la pesquisa quedó demostrado "dado el manejo de los fondos captados ilegítimamente a los inversores damnificados, fondos que actualmente siguen siendo manejados por las personas investigadas y son colocados en diferentes inversiones y sociedades que actualmente siguen funcionando".
Entre otros argumentos, aseguró que "las conductas típicas (de los sospechosos) fueron las de 'convertir, transferir, disimular', el dinero obtenido a través de la captación de inversiones, siendo indiferente el título bajo el cual se haga la transferencia, ya que esta puede consistir en dinero en efectivo, dinero electrónico, la utilización de cheques o cualquier otro medio que importe la legitimación de activos".
Y remarca: "Es decir, los imputados llevaron a cabo un mecanismo mediante el cual, luego de cometer los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafas y asociación ilícita, buscaron ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenidos legalmente", distinguiendo que hubo maniobras para ocultar inmuebles y dinero.