domingo 26 de noviembre de 2023

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Una de las empresas involucradas pertenece a José Luis Manzano

Piden precisiones a la Provincia por la situación del litio de Ancasti

La diputada provincial, Juana Fernández pidió evitar que el tema genere un "foco de conflictividad social en el este".

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Luego de que la asamblea “Ancasti por la Vida” expresara su preocupación respecto al impacto ambiental que tendría una potencial explotación de litio en el departamento, la diputada provincial y presidenta del Comité Capital de la UCR, Juana Fernández pidió a los responsables del Ministerio de Minería “comenzar a informar con transparencia sobre el tema para evitar un foco de conflictividad social en el este catamarqueño”.

Su planteo se suma al del también diputado y presidente del Comité Provincia de la UCR, Alfredo Marchioli, quien cuestionó al Gobierno por la falta de información a la comunidad ancasteña.

Una de las empresas involucradas en los trabajos en Ancasti pertenece al exministro menemista, José Luis Manzano.

"No hay ninguna versión oficial de la situación del litio en Ancasti. Veo que el Gobierno siempre va por detrás de los movimientos sociales o las asambleas", dijo la diputada Fernández ante la situación de Ancasti para luego asegurar: "Eso genera conflictividad. Ya deberían haber aprendido de la situación del Oeste, que el sigilo no es una buena estrategia cuando se trata de intervenir en proyectos mineros".

En este contexto, la legisladora cuestionó a las autoridades del Ministerio de Minería por su proceder en esta situación. "Es un sinsentido llevar tranquilidad a una comunidad entera apelando a que se trata solo de proyectos de exploración. Aquí lo que hay que mitigar es la percepción de riesgo ambiental que se instaló en toda la comunidad que vive en las sierras de Ancasti", aseveró.

"Si de verdad se quiere desarrollar la minería de litio en Ancasti, hay que trabajar con políticas públicas serias y desactivar la percepción de riesgo provocada por la desinformación que hay", manifestó.

En este orden de ideas, Fernández indicó que la asamblea "Ancasti por la Vida" viene trabajando desde el 2017 para crear conciencia sobre el impacto potencial de la explotación de litio en el departamento Ancasti.

“Es alarmante que, a pesar de los esfuerzos de esta asamblea y las preocupaciones expresadas por muchos de nosotros en Ancasti, el Gobierno no haya tomado medidas concretas para abordar estas preocupaciones legítimas", consideró.

"La comunidad de Ancasti merece respuestas claras para llevar tranquilidad a una comunidad predominante rural que vive de su actividad agropecuaria”, cerró.

Respaldo a Santillán

Luego de que el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán expresara el malestar de los pobladores por la posible explotación de litio, Marchioli había salido en su respaldo. En este sentido, cuestionó a la Provincia por no informarle al municipio sobre estos trabajos.

En diálogo con la prensa, admitió que los trabajos que se realizaron en Ancasti están lejos de significar que efectivamente comience una explotación minera en el corto plazo. “Lo que se hizo forma parte de la etapa de prospección que es anterior a la de exploración. En la prospección se hace un estudio superficial. En cambio, en la exploración, ya hay perforaciones para saber qué hay en profundidad”, detalló. Sin embargo, Marchioli consideró como “legítima y razonable”, la preocupación de todas las autoridades del municipio de Ancasti ante “la falta de información” sobre estos trabajos.

“Ya hace tiempo que se viene discutiendo esto y yo lo he planteado en reiteradas oportunidades. En cada proceso minero en el territorio, se tiene que avisar a las autoridades locales para evitar que se genere algún tipo de incertidumbre y zozobra de gran parte de la comunidad”, consideró.

Más adelante, apoyó el planteo de Santillán en torno a que “si no hay licencia social, no se puede avanzar con un proyecto minero”. En ese marco, Marchioli consideró que “ningún proyecto minero es viable sin licencia social” y que la “licencia social hay que construirla en forma conjunta entre el gobierno provincial, el municipio, la autoridad de aplicación y la sociedad”.

“Mínimamente se tendrían que haber avisado a las autoridades locales”, añadió.

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