sábado 19 de noviembre de 2022

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Causa Callvu

Piden la detención de la madre de Cristian Rojo

Ella admitió haber entregado un auto a un abogado y que recibía dinero de Rojo en sus cuentas bancarias.

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El abogado representante de un grupo de acreedores de Cristian Sixto Rojo pidió la inmediata detención de su madre, quien admitió haber recibido importantes sumas de dinero en sus cuentas bancarias a favor de su hijo y realizado otras operaciones a pesar de que la Justicia Federal había dispuesto inhibir los bienes de la empresa y de Rojo.

La solicitud fue presentada en las últimas horas por Jorge Rafael Bracamonte (h) ante la Justicia federal, sobre la base de que la madre de Rojo, Ana María Oliva, fue imputada por la presunta comisión de "intermediación financiera no autorizada", "estafa" y "lavado de activos" en calidad de "partícipe secundario, con asociación ilícita en concurso real, en calidad de autora".

Manteniendo esa imputación, Oliva fue citada a indagatoria recientemente y según la querella, entre otras cosas, ella admitió haber entregado un vehículo tras la detención de su hijo, a un abogado, por "expreso pedido del mismo" y que ese mismo rodado habría sido vendido aunque ya estaba vigente la inhibición general de bienes dictada por el juez Federal.

Oliva indicó además, que por pedido de su hijo, detenido en el Penal de Miraflores, concurrió en varias oportunidades a una escribanía del centro de la ciudad para suscribir papeles y documentos.

Por otra parte, siempre en audiencia indagatoria, la mujer admitió haber participado como garante en la celebración de un contrato de alquiler de oficinas y que en esas dependencias su hijo realizó las actividades que ahora son investigadas penalmente.

Oliva consideró además que las personas que invirtieron con su hijo habrían cometido un error y confirmó que uno de los vehículos que se encuentra bajo su titularidad, fue adquirido por su Cristian Rojo, quien abonó la totalidad del valor del rodado.

Finalmente, la mujer indicó que en cuentas bancarias en las cuales era titular, recibió importantes depósitos por parte de su hijo.

En base a estas aseveraciones, la querella solicitó la detención de Oliva, quien de acuerdo a los primeros testimonios, habría sido socia de Rojo en la empresa.

Para la querella, existen claros indicios de que Oliva "destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, ello además de que intentará asegurar el provecho de los delitos investigados".

La causa

Rojo está privado de la libertad y procesado por "intermediación financiera no autorizada". También están procesados Eduardo Guerrero (dueño de la Inmobiliaria Guerrero y quien habría aportado sus oficinas para el funcionamiento de CALLVU), Pilar Sánchez Jorda y Silvina Segura, exempleada de la firma.

Presuntamente la madre del detenido habría realizado pagos a una parte de los damnificados, quienes previamente habían pactado con Rojo la forma de reintegro de los ahorros que le habían entregado.

Mientras tanto, Rojo pidió al juez el beneficio de prisión domiciliaria pero le fue denegada.

También solicitó un régimen de "salida excepcional" para celebrar el cumpleaños de su madre, que también le fue denegado.

La causa es investigada por el fiscal Federal General, Rafael Vehils Ruiz, quien solicitó una serie de medidas a la Justicia interviniente.

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