Hugo Ávila (FAC) advirtió que la empresa pidió una redeterminación que casi duplicaba el valor del proyecto licitado.
El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó un nuevo pedido de informes vinculado a la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, al insistir en las sospechas de que la empresa contratista MEGA SRL habría solicitado una redeterminación de precios que llevaría el costo total de la obra a casi el doble de lo licitado en 2022.
Con un mensaje en sus redes sociales, Ávila anticipó el pedido de informes y recordó los planteos que había hecho en mayo de 2023, un día después de la visita del entonces presidente Alberto Fernández. "Lamentablemente el tiempo me dio la razón y hoy la Provincia cobra una multa de casi 2.000 millones de pesos porque la empresa no inició los trabajos. Hago este pedido de informes porque creo que los principales responsables de esta situación son los funcionarios que licitaron y adjudicaron la obra, dándosela a una empresa que ya tenía malos antecedentes", reclamó el diputado.
En esa línea, precisó que buscará saber si el Gobierno habilitó la redeterminación de obra y pidió detalles de cuánto fue el adelanto financiero que puso la Provincia para iniciar los trabajos.
El diputado volvió a compartir su mensaje de 2023, cuando dijo que el acto de inicio de obra "fue una puesta en escena, una venta de espejitos de colores". "La Provincia no tiene los $4.500 millones para iniciar la obra ni tiene los $9.100 millones que la empresa pidió en enero (de 2023), a cuatro meses de haber firmado el contrato. Si el Gobierno da el adelanto de obra, corre serios riesgos de que nunca empiecen los trabajos porque es una empresa que en Salta ya está acusada de cobrar adelantos de obra y nunca iniciarlas. Ésta puede ser la historia de una gran frustración para los catamarqueños", advertía Ávila en aquel entonces.
La multa
El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente emitió la resolución nº 859 el 24 de octubre de 2023, en la que multó a la empresa MEGA SRL por $1.963.132.239,74 al considerar que incurrió en tres tipos de incumplimientos previstos en el decreto reglamentario de la ley de obras públicas. Los detalles se publicaron en un informe de El Ancasti en su edición de ayer.
Por no establecer formalmente su plantel y equipos de trabajo en el plazo previsto, le fijó una sanción de $205.205.460,60. Luego, por una demora en la designación de un representante técnico que estuviera presente en la obra, la sancionaron con $1.194751.792,83. Por último, le computaron otra sanción por $563.174.986,31 por la falta de cumplimiento del plan de trabajo y por no poder justificar la "marcha lenta" de la obra.
Esto ocurrió cuando, a nueve meses de iniciada la obra, una inspección del Ministerio constató que los trabajos llevaban un avance de apenas el 3,90%, cuando, según el cronograma vigente, debía llevar casi un 34%. Además, la Asesoría Legal del Ministerio advirtió que estaban dadas las condiciones para rescindir el contrato, pero el Gobierno optó por la multa "para compeler a la contratista a cumplir sus obligaciones".
La resolución se conoció recién en el Boletín Oficial de la Provincia publicado el último 9 de enero.n