Piden al Tribunal de Cuentas informes sobre las rendiciones de cuentas de los municipios
Presentaron una nota dirigida al presidente del TC, Jorge Moreno, en la que se ampararon en la ley de acceso a la información pública.
Diputados provinciales del bloque de la UCR presentaron una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Moreno, en la que le pidieron al organismo la elaboración de un informe respecto a la situación de todos los municipios que hasta la actualidad no hubieran cumplido con las rendiciones de cuentas correspondientes hasta el año 2023. Lo hicieron amparados en la ley provincial de acceso a la información pública, bajo advertencia de iniciar un amparo por mora si es que no consiguen respuestas dentro de los plazos previstos.
El planteo, remarcaron, “se enmarca en los graves hechos conocidos en los últimos días referidos a la falta de rendición de cuentas correspondiente a los períodos: 2º semestre de 2018, 1° y 2º semestres de 2019, 1° y 2º semestres de 2020, 1° y 2º semestres de 2021, 1° y 2º semestres de 2022, por parte de la ex intendenta Roxana Paulón, quien además fue denunciada por el actual intendente Raúl Úsqueda por haber dejado un faltante de 400 millones de pesos”.
“La información requerida es fundamental para el ejercicio de las funciones de control y seguimiento de la gestión pública que no competen como legisladores provinciales. El TC desempeña un rol esencial en la administración pública al fiscalizar la percepción e inversión de los fondos públicos y es la única autoridad competente para aprobar o desaprobar las cuentas rendidas, ejerciendo una función de examen y juicio de cuenta sobre la gestión financiera de los recursos públicos", indicaron.
"Esta labor es crucial para asegurar la transparencia, eficiencia y correcta utilización de los fondos, permitiendo que los responsables rindan cuentas sobre el manejo de estos recursos”, remarcaron.
Además, recordaron que la rendición de cuentas “no solo constituye una obligación legal, sino también un deber ético de todos los funcionarios que administran recursos públicos”.
“Por ello resulta imperativo contar con información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de los municipios en esta materia”, subrayaron.
En este sentido, el pedido de información presentado requiere nombre y apellido de los funcionarios responsables de la rendición de cuentas; períodos de rendición de cuentas pendientes de presentación; detalle cronológico de las intimaciones realizadas, especificando fechas y contenido de éstas; y estado de los procedimientos administrativos iniciados, indicando específicamente si se ha dado inicio a un Sumario Administrativo de Responsabilidad y, en caso afirmativo, su estado actual.
Los diputados invocaron la ley de acceso a la información pública, que establece un plazo máximo de treinta días hábiles para responder prorrogable por circunstancias excepcionales por única vez por otros quince días hábiles. “Cualquier demora injustificada, silencio, ambigüedad o inexactitud en la respuesta será considerada una negativa a brindar la información solicitada, habilitando a interponer las acciones legales que correspondan. De no brindarse la información, iniciaremos un amparo por mora a fin de garantizar el acceso a la información pública que la normativa vigente consagra”, remarcaron, lo que podría incluir “eventuales sanciones legales o administrativas”.
“La transparencia en la gestión pública es un principio esencial que permite a la ciudadanía conocer cómo se utilizan los recursos de la Provincia y asegura la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Esta transparencia, que constituye un pilar fundamental del sistema republicano, ha sido reiteradamente afirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en jurisprudencia clave", señalaron.
"En este contexto, la labor del TC se torna aún más relevante, al ser la entidad encargada de fiscalizar y garantizar que cada peso del presupuesto público se gestione con responsabilidad y eficiencia, asegurando que los ciudadanos puedan conocer y evaluar la administración de los fondos que son de todos”, expresaron.