Fue hallado culpable por los delitos de “violación de domicilio” y “amenazas”. Ambos hechos sucedieron en un contexto de violencia.
Pena y capacitación. El imputado deberá realizar un curso.
Un policía, acusado por dos hechos en un contexto de violencia de género, fue hallado culpable en el Juzgado Correccional de Segunda Nominación. El juez Diego Chayle Costilla lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso, tras haberlo hallado culpable por los delitos de “violación de domicilio” y “amenazas simples”.
El debate se inició el jueves. El acusado, desde hacía tiempo atrás se encuentra suspendido en sus funciones. Los hechos por los que respondió sucedieron en 2018 en Tinogasta. En la primera audiencia, el acusado –quien no tenía antecedentes computables- expresó que fue impulsado “por celos”. De acuerdo con su versión, había ido a la casa donde estaba su pareja, la denunciante, a buscar unas pertenencias.
La denunciante también declaró y ratificó sus dichos. Recordó que su acusado le revisaba el celular. En una ocasión, la apuntó con su arma. Solía aparecerse con el móvil policial. Además, contó que no lo había denunciado anteriormente, por otros hechos, porque no quería perjudicarlo. Si bien no tenía antecedentes –aunque hubo otros hechos sin denunciar-, al mismo tiempo se destacó que a posterior no registró nuevas denuncias en su contra.
Al acusado también se le había rechazado el delito de “daños” pero éste no fue debidamente acreditado. El fiscal Correccional Federico Maturano solamente mantuvo la acusación por los delitos de “violación de domicilio” y “amenazas simples”. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de un año de prisión en suspenso. También peticionó que el acusado realice un taller de capacitación y que se giren actuaciones a los organismos pertinentes para asistir a la denunciante. A su turno, el abogado de la defensa, Jairo Reynoso, se opuso al planteo del fiscal Maturano. El defensor solicitó para su asistido la absolución.
Tras un cuarto intermedio, el magistrado dio a conocer el veredicto. Absolvió al acusado en el delito de “daños” por no haber acusación fiscal. No obstante, lo halló culpable en los otros dos delitos y lo condenó de acuerdo con lo planteado por el representante del Ministerio Público Fiscal. Entre las pautas de conducta, dispuso que se remitan copias a la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos del Poder Ejecutivo, a los efectos de dar asistencia y asesoramiento a la denunciante. Además, ordenó que el acusado curse un taller de capacitación en Ley Micaela sobre nuevas masculinidades.
La Ley 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Toda vez que se busca identificar las visiones y las prácticas que reproducen discriminación y violencia por motivos de género dentro de los organismos del Estado, la capacitación en Ley Micaela constituye además un aporte valioso a la transversalización de género dentro de la Administración Pública Nacional.
Como autoridad de aplicación de la Ley 27499, la normativa propone lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. El objetivo es transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado. Capacitarse en perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género, y entender que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y LGBTI+.
