Una peligrosa avanzada contra los derechos de las personas que integran el colectivo LGBTIQ+ se registra últimamente por parte de un sector político en particular. No cualquier sector político, sino el que obtuvo mayor cantidad de votos en las últimas PASO. En efecto, referentes de La Libertad Avanza han expuesto posiciones que no solo vulneran esos derechos sino que además desconocen leyes vigentes que los garantizan.
Esta semana, Ricardo Bussi, candidato a diputado nacional por el espacio libertario e hijo del genocida Domingo Bussi, tuvo retrógradas apreciaciones respecto de las personas trans o travestis. Luego de comparar la diversidad sexual con una discapacidad, el postulante tucumano dijo que “el que decide ser travesti, que se la banque solo. No se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario". "Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos”, agregó durante un debate. Otro participante de ese evento, el senador Pablo Yedlín, le recordó a Bussi que "el Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables y definitivamente la comunidad LGBTQ es un grupo vulnerable: viven menos años, tienen problemas de acceso al trabajo, tienen discriminación".
En los últimos días, también, se conoció que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), debió intervenir en La Rioja ante la difusión pública de un video de capacitación de fiscales de La Libertad Avanza en la que sostiene que las personas que lleguen a votar con una expresión de género diferente a la que figura en su documento de identidad no podrán ejercer su derecho al voto, desconociendo la vigencia de la ley 26.743, de Identidad de Género, que reconoce el derecho de las personas a ser identificadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requisitos adicionales. Esto incluye el derecho a utilizar el nombre y género con los que se identifican, independientemente de lo que pueda figurar en su documento de identidad.
El propio Milei ha tenido expresiones contrarias a la diversidad sexual y a la identidad de género. Ha anticipado, además, que en caso de acceder a la presidencia eliminará el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y el INADI. Y también señaló, en declaraciones periodísticas, que la Educación Sexual Integral, que se implementa a partir de una ley nacional sancionada en 2006, “es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Ese mismo día se despachó contra “la ideología de género, los pueblos originarios, la ecología y el lenguaje inclusivo”, de los que dijo “destruyen los valores de la sociedad”.
La Argentina necesita de la inclusión y el respeto de los derechos de las diversidades y los sectores de mayor vulnerabilidad social. La intolerancia y la discriminación no forman parte de estos valores con vigencia institucional.