El abogado del exministro de Salud Pablo Doro en la causa de “las compras directas”, Carlos Rosales Vera, apuntó contra los miembros de la Cámara Nº 3 por el fallo condenatorio contra su defendido y el ex secretario de Acción Social en la gestión del Frente Cívico y Social, Víctor Brandán. En este sentido, adelantó que pedirá el jury para los miembros del tribunal por desconocimiento inexcusable del derecho.
Rosales Vera realizó estos planteos al fundamentar el recurso de casación ante la Corte de Justicia para revertir la condena. En la oportunidad y para pedir la nulidad del fallo, el abogado pidió al máximo tribunal que “se acaten las normas” y afirmó que “solo aplicando el Código Civil y Comercial” es suficiente para resolver la cuestión. En la oportunidad, pidió a los miembros del máximo tribunal provincial “actuar con el mayor nivel de responsabilidad” ya que con su resolución se puede fijar un precedente “que se puede volver en contra”.
El letrado no solo apuntó contra los miembros del tribunal que en ese momento estaba integrado por su presidente Marcelo Soria y los jueces subrogantes Mauricio Navarro Foresi y Carlos Moreno, sino también a los fiscales de instrucción y de Cámara que llevaron el caso a juicio.
Para Rosales Vera, los fiscales de primera instancia cometieron un error al utilizar “el grado de probabilidad” como hecho suficiente para avanzar con la causa. “Con la sola sospecha creen que es suficiente para llevar a alguien a juicio”, cuestionó, al tiempo que agregó que se llegó al juicio “sin pruebas”. Más adelante, recordó que la causa está a punto de cumplir 20 años y que al momento del juicio, los jueces “obviaron la partición del Tribunal de Cuentas, que es un órgano constitucional”, ya que el organismo había afirmado que no había irregularidades. “La resolución del Tribunal fue rechazado por los jueces porque consideraron que la auditoría que se realizó era solo de una fracción y no de la totalidad de la causa”, cuestionó.
También cuestionó que en la acusación contra su defendido y Brandán “no se encuentra el argumento” para condenarlos y que se lo debe deducir en que “supuestamente hubo una maniobra irregular”. En este contexto, afirmó que existió un “desconocimiento grosero” de los fiscales y de la Cámara en torno a lo que es “una contratación directa por vía de significación económica”, ya que “no conocen nada de administración pública”.
Posteriormente, afirmó que hay causal de jury contra los miembros del Tribunal por “desconocimiento inexcusable del derecho”, al sostener que en el fallo, su presidente Marcelo Soria plantea que “quien debe probar es la defensa”, cuando es la Fiscalía quien debe hacerlo.
Más adelante y refiriéndose al juicio, sostuvo que “de los 40 y pico de testigos que hubo en las audiencias, no hubo una sola que pueda imputar a alguno de los dos (Brandán y Doro) y que pueda relatar cómo se desarrolló el delito” ya que no podían ni acordarse lo que había pasado”.
El letrado ratificó que en el proceso hubo una “errónea interpretación de la valoración de la prueba porque no existió la prueba de cargo desarrollada”. Además planteó la “inexistencia del tercero responsable que es quien debía recibir el dinero”, en alusión a los proveedores. En este punto, planteó que no se convocó a ningún empresario proveedor del Estado que podría haber sido beneficiado con estas operaciones.
Finalmente, indicó que la prueba con la que se determinó que las facturas con las que se hicieron supuestamente las operaciones ilegales no tiene valor porque quien determina la calidad de aquéllas es una pericia “y no un juez”.
