La jueza Loretta Preska tiene pendiente su decisión sobre el pedido del ganador del fallo en primera instancia.
El gobierno de los Estados Unidos pidió a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que aplace su decisión sobre el pedido de la firma Burford Capital para que le sean entregadas el 51% de las acciones de YPF que están en manos de la Argentina, en el marco de la causa por expropiación de la petrolera en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, el Departamento de Justicia norteamericano quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, el día posterior a las elecciones presidenciales de ese país. Sin embargo, la magistrada tiene la posibilidad de no hacer lugar a esa solicitud.
La información fue publicada por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien consideró que el movimiento de la dependencia estadounidense será un amicus curiae en favor de la Argentina. “Van a recomendar a Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. Uno de los argumentos es que se trata de naciones amigas, soberanas y que mantienen buenas relaciones. Sin embargo, Estados Unidos sabe muy bien que nuestro país violó las leyes de los mercados de capitales locales y por eso no descarto que la juez nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, dijo Maril en diálogo con el medio Infobae.
En el marco de esta causa, el Estado argentino fue condenado el año pasado por Preska por mala praxis expropiatoria. Por eso deberá pagar USD 16.000 millones, cifra a la que le corren intereses que pronto sumarán casi otros USD 1.000 millones. Es una cifra de pago imposible para el país, y mucho menos en este contexto. Ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Mientras tanto, la causa sigue en el estrado de Preska y Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos a litigar en este caso y es el principal beneficiario de la condena, quiere cobrar a toda costa o al menos negociar, algo que no logró por el momento con ninguno de los cuatro presidente que gobernaron el país durante la demanda.
Con ese objetivo, Burford –al que por su accionar muchos comparan con un “fondo buitre”– interpone acciones contra Argentina para, por ejemplo, intentar embargar bienes de Estado en el extranjero; para demostrar que YPF y el gobierno argentino “son lo mismo”; para volver a incluir a la empresa en causa a YPF (la empresa fue exculpada por Preska); o, directamente, para intentar cobrar la deuda exigiendo el traspaso del 51% de las acciones que el Estado tiene en la petrolera.
Los demandantes también apuntan a otras entidades como el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina (BNA), Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.
Para probar la figura del “alter ego” Burford vienen solicitando la entrega de emails y whatsapps de funcionarios del gobierno actual pero también del anterior, en busca de comprobar que hubo injerencias políticas en las decisiones de esas empresas u organismos. La semana pasada Preska solicitó la entrega de esa información del exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren y del exsecretario de política económica Gabriel Rubinstein, ambos funcionarios del exministro de Economía Sergio Massa.n
