viernes 7 de febrero de 2025
La criptocontaminación || La Sala Penal de la Corte debe resolver

Parque América: víctimas y victimarios se oponen a la nulidad del acuerdo logrado

Los abogados de las dos partes presentaron recursos por escrito. Aseguran que la presentación realizada por la fiscal González Pinto no está correctamente fundamentada.

Los abogados Pedro Vélez, en representación de los imputados y Rolando Crook, en representación de las víctimas, realizaron sendos planteos de oposición al pedido de nulidad del acuerdo conciliatorio logrado entre los protagonistas del asalto violento en Parque América, ocurrido el pasado 4 de septiembre. Ambos coincidieron en que la presentación de la fiscal Paola González Pinto no está correctamente fundamentada, al señalar que no se explica cuál sería el perjuicio al orden público, ni cuál sería el perjuicio a los acreedores de RT Inversiones, entre otros cuestionamientos. La Sala Penal de la Corte debe convocar a una audiencia para resolver.

Las víctimas

Rolando Crook es representante de los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso, quienes viven en el domicilio en el que sucedieron los hechos en la madrugada del 4 de septiembre. Días pasados se conoció que había una tercera víctima que también firmó el acuerdo, que es Carlos Gonzalo Varela Villegas, quien es representado por el abogado Arturo Navarro.

En diálogo con El Ancasti, Crook cuestionó la competencia de la Corte de Justicia, aseguró que el planteo de nulidad fue apresurado y pidió que el tema se trate "con la seriedad jurídica que merece". "No podemos permitir que nos arrojen a una pulseada estéril, solo por complacer la voluntad de algunos curiosos confundidos y otros no tan confundidos, pero interesados en hacer bloqueos políticos", dijo.

"Vamos a suponer que esto se resuelve en forma adversa a los intereses del acuerdo. ¿A dónde lo apelo yo? Me dejan sin remedio, me quitan el derecho a la jurisdicción. Conservo la esperanza de que se declare incompetente la Corte y lo mande a otro juzgado, o que rechace el planteo de nulidad, porque esto es una aventura", aseguró.

Para el abogado, el caso "tomó un revuelo que exagera las cosas, confunde a la gente, distorsiona el sistema penal, ridiculiza y banaliza los mecanismos de resolución de conflictos, que son cosas serias y científicas". "Acá el delito es robo calificado. El bien jurídico afectado es la propiedad privada. El hecho era grave, pero se llegó a un acuerdo y el planteo estaba hecho en los términos legales. El fiscal lo aceptó, verificó las condiciones. Se pactó una suma, que se discutió un poco porque el daño no era solo patrimonial, sino también hay un daño que es moral, un daño que es psicológico. Lo que dice la norma es que el acuerdo se debe hacer entre las partes involucradas. Si alguien no está de acuerdo, aunque sea uno, no se puede hacer. Pero acá estaban todos de acuerdo", valoró Crook y aseguró que le parece "una injusticia" que el diputado Hugo Ávila (FAC) haya planteado este acuerdo como motivo de juicio político para el fiscal Hugo Costilla y el juez Rodolfo Maidana.

Para Crook el acuerdo es "cosa juzgada" y aseguró que la figura de la "cosa juzgada írrita" a la que aludió la fiscal González Pinto "implicaría que las partes, mediante algún mecanismo tramposo, engañamos al juez para que dicte una sentencia". "Se está menospreciando y subestimando la capacidad de los actores", lamentó.

Así fue que consideró que el planteo fiscal no está bien fundamentado. "¿En qué se viola el principio de igualdad constitucional? Para que la sentencia sea írrita hay que demostrar que el juez operó confundido, engañado o cómplice, en el peor de los casos. ¿En qué sentido hay otras víctimas que quedarían en desigualdad? La fiscal pretende decir, porque no queda claro, que se perjudica a los inversionistas de RT Inversiones, una causa en la que hablamos de millones de dólares, por una reparación de nueve millones de pesos", señaló.

En ese punto, Crook explicó que Matías Rolón está inhibido pero eso no lo impide recibir dinero. "En todo caso, Rolón no puede disponer de la plata que le dieron. Incluso los acreedores, que igualmente no son acreedores de Rolón, no se perjudican y se beneficiarían, porque Rolón no tenía nada y ahora tiene dos millones pesos, que son tres salarios mínimos", indicó.

Respecto de los movimientos bancarios señalados por la fiscal, Crook explicó que "son pequeños movimientos" como "pagar las cuentas por teléfono". "Está con prisión domiciliaria, no trabaja, con solo verlo uno se da cuenta que no dispone del dinero. Creo que la madre le da y él paga las cuentas", dijo.

Los imputados

Pedro Vélez, por su parte, cuestionó la "sobreactuación" del Ministerio Público (MPF), al señalar que los elementos que utilizó la fiscal González Pinto ya estaban incorporados y habían sido considerados por Costilla y Maidana oportunamente. Aseguró que se actuó de mala fe, con la intención de "violar en la mayor medida posible el derecho de defensa".

Vélez cuestionó la habilitación de feria y los plazos procesales que se habilitaron y consideró que "sería saludable que se adopte este novedoso criterio para habilitar feria judicial en causas con las personas detenidas que muchas veces ven prolongarse innecesariamente su detención durante las ferias judiciales".

"Cualquier persona desprevenida que lea la presentación puede llegar a creer que el MPF no intervino en el proceso o que no tuvo acceso a lo acordado, pero fue el MPF el que tuvo una activa participación en el proceso, incluso quien pidió el sobreseimiento de los imputados", sostuvo. En ese sentido, relató que el acuerdo fue propuesto al fiscal Costilla el 21 de noviembre, y que este emitió dictamen seis días después pidiendo que se declare extinguida la acción penal y el sobreseimiento de los imputados, lo que fue avalado por Maidana el 9 de diciembre.

El abogado aludió a la situación del imputado Diego Arroyo y las críticas sobre sus antecedentes. "Ello era de pleno conocimiento del MPF, que incluso utilizó ese argumento en la audiencia de control de detención. Causa vergüenza ajena que recién pretendan darse por enterados", señaló. "Con relación al hecho de que Arroyo sea pobre y, según el MPF, no cuente con dinero, no es óbice para la validez de la sentencia. En tal sentido, cómo se hayan distribuido entre los deudores solidarios la forma de afrontar el pago es algo que por imperativo legal ni siquiera le interesa a los acreedores, mientras se cumpla con la totalidad de la acreencia", remarcó.

También refirió a la situación de Matías Rolón Reynoso y aseguró que el MPF "sabía acabadamente que el referido Rolón Reynoso estaba imputado en una causa federal por, entre otros delitos, intermediación financiera no autorizada, estafa y asociación ilícita, no solo por ser un hecho público y notorio en nuestra Provincia, sino también por el hecho que desde la Justicia Federal se le había requerido informes de interés para la causa", y que nada hizo para impedir que recibiera el dinero.

Para Vélez, este planteo ante la Corte se hizo "por el solo hecho que los medios de prensa desnudaron que no tenían política criminal fijada en lo atinente a una norma plenamente vigente desde hace casi una década". "No hay causal de nulidad ni se violó ninguna garantía constitucional. No se alega cuál seria el perjuicio que el acto le causa al Ministerio Público, por lo cual claramente se persigue la nulidad por la nulidad misma", cuestionó.

"Si los representantes del Ministerio Publico Fiscal no están conformes con la ley vigente pueden renunciar a su cargo, postularse como diputados o senadores nacionales y presentar un proyecto al Congreso de la Nación para que establezca limitaciones o excepciones al artículo nº59 inciso 6 del Código Penal, o más humildemente sugerir modificaciones a través de canales institucionales válidos", ironizó y remarcó que en Catamarca ya se avalaron otros acuerdos en distintas causas y en circunstancias similares.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar