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Buscan la probation

Pareja acusada de "estafa" propuso realizar trabajo comunitario

La defensa advirtió que pertenecen a una minoría y que no tienen recursos para ofrecer un resarcimiento.

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11 de marzo de 2022 - 23:45

“No tenemos recursos, señor juez. No tengo drama en hacer trabajo comunitario”, dijo un matrimonio que compartió el banquillo de los acusados de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación. El Tribunal está integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Silvio Martoccia y Fabricio Gershani Quesada. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Ezequiel Walther, quien está acompañado en la querella por el abogado Ariel Salavarría. La defensa es ejercida por el abogado del foro local José Furque.

La pareja fue imputada por el presunto delito de “estafa” y solicitó la suspensión de juicio a prueba –más conocida como probation-. “La defensa propone trabajo comunitario en San Juan, donde se mudaría”, manifestó el abogado Furque. Luego, el Tribunal preguntó sobre la oferta de los acusados como resarcimiento económico –requisito previsto para alcanzar este beneficio-. “No tenemos recursos, señor juez. No tengo drama en hacer trabajo comunitario. Acá no tenemos nada”, expresaron. A la vez, remarcaron que ambos se dedican a la venta ambulante y que como ingresos fijos solo cuentan con planes asistenciales del gobierno, como la Asignación Universal por Hijo. Actualmente, viven en una habitación alquilada. Dada su situación, quieren mudarse a San Juan, donde reside su familia.

“La causa se inicia con siete denuncias por compra-venta de autos. En seis denuncias se extinguió la acción penal. Viven de la ayuda de la familia y pertenecen a una comunidad ‘raleada’. Su situación no es fácil. No hay daño y se ofrecen para prestar servicio comunitario. El supuesto delito está reparado”, precisó el defensor. También consideró que podría fijarse un “resarcimiento simbólico”.

Por su parte, la querella remarcó que en esta compra-venta de un automóvil Fiat Palio, si bien le restituyeron el vehículo a la damnificada, debió esperar un año y tres meses, ir a buscar a San Juan y correr con todos los gastos. Por ello, había solicitado un resarcimiento económico de entre $200.000 y $250.000.

Si bien habría, en principio, una predisposición para alcanzar un acuerdo, la damnificada no se encuentra íntegramente reparada. A fin de llegar a una solución, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo. Mientras tanto, la pareja imputada deberá ver el modo para efectuar un resarcimiento que satisfaga a la damnificada a fin de alcanzar la probation.

Expediente

De acuerdo con información judicial a la que pudo El Ancasti, el hecho por el que el matrimonio comparte el banquillo de los acusados sucedió a mediados de 2019 en Recreo, La Paz. En la oportunidad, en la casa de la damnificada, con este matrimonio y otra persona más, no identificada, se concertó la supuesta operación de compraventa del automóvil propiedad de la denunciante, por la suma de $190.000. La esposa firmó el boleto de compraventa y el matrimonio entregó $100.000. Días después, el matrimonio retiró el rodado. Certifican en una escribanía las firmas del boleto de compraventa y firma en el Registro del Automotor el 08 la denunciante. En esa oportunidad, el esposo entró $40.000, quedando un saldo de $50.000 de la supuesta operación de compraventa.

Al día siguiente, el esposo se presentó nuevamente en la casa de la denunciante y, mediante engaños, le pidió que le reintegre la suma -$40.000-. Más tarde, también mediante engaños, vía telefónica, a cuenta de la compra de una camioneta, la denunciante le giró la suma de $40.000, en parte de pago de una futura operación de compraventa. Según la investigación, se habría generado un accionar fraudulento. Por ello, el matrimonio fue imputado por el delito de “estafa”.

Beneficio

La suspensión del juicio a prueba es un derecho que la ley acuerda a ciertos y determinados individuos que han sido acusados formalmente de haber cometido un delito o más que darían lugar a la condena condicional. La idea es que se suspenda el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva.

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