Excamaristas. Están acusados de "cohecho pasivo agravado".
Los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá tildaron de arbitraria la elevación a juicio de la causa por el supuesto cobro de una coima que los tiene como imputados. Los dos presentaron sendas oposiciones al dictamen de citación a juicio y ahora será el Juzgado de Control de Garantías el que deba resolver los planteos de los acusados.
El 31 de octubre, Morales y Da Prá fueron notificados del dictamen del fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, y tras leer los fundamentos presentaron las oposiciones esta semana.
En ambos escritos los exmiembros de la Cámara de Apelaciones discrepan con Barros Jorrat por considerar válida la principal prueba: el video en el que aparecen ambos involucrados recibiendo un sobre con lo que aparentemente sería dinero.
Da Prá hizo alusión a una llamada telefónica que recibió desde un número con característica de Córdoba en el que le advirtieron “que le estaban haciendo una película de terror”. Esta circunstancia habría ocurrido en noviembre de 2019 y fue mencionada por Da Prá durante una de sus declaraciones indagatorias. Señala que la comunicación telefónica tiene “severas implicancias”, pues al haber ocurrido en noviembre de 2019 es por fuera del rango del tiempo en que estableció el hecho el fiscal Barros Jorrat, entre el 5 de diciembre de aquel año y el 18 de febrero de 2020.
Da Prá criticó que la fiscalía no haya investigado esta llamada. “La utilidad de investigar esta llamada tiene diferentes aristas. Primero, demostrar que el material autofílmico construido y llamado película de terror es una construcción sin veracidad”. Agregó que si la llamada fue en noviembre y el video se hizo en esa fecha queda vulnerado su derecho de defensa, ya que el hecho está delimitado a partir de diciembre.
En relación con el video se refirió al informe de un perito de Gendarmería Nacional que concluyó que había sido "manipulado con colocación de subtítulos".
Por su parte, Morales, al igual que Da Prá, pidió la nulidad absoluta y el sobreseimiento.
"La pesquisa se inicia por un material de imposible valoración judicial por tratarse de una prueba falsa e ilícita que dio base a toda la evidencia recabada sin otra fuente independiente", reza el escrito presentado por la defensa de Morales.
"En treinta años de profesión jamás he visto ni por asomo una imputación o acusación basados en un material editado, manipulado y carente de autenticidad".
La causa se abrió a mediados de 2020 tras la difusión de un video en el que se observa a Morales y Da Prá presuntamente cobrando una "coima". El video se difundió por Whatsapp y a través de correos electrónicos salió el 29 de junio de 2020.
La denuncia provocó que ambos camaristas presentaran sendas renuncias a sus cargos dos meses después. El jury de enjuiciamiento que se había iniciado quedó automáticamente sin efecto.
Barros Jorrat abrió la investigación penal preparatoria y en base a distintos elementos de prueba determinó la imputación por "cohecho pasivo agravado". Por su parte, Daniel Jiménez fue imputado por "cohecho activo agravado". Este último no presentó oposición al dictamen de citación a juicio.
