Para el fiscal federal Santos Reynoso existen pruebas contundentes que respaldan la imputación del exjefe de Drogas Peligrosa Daniel Ponce, quien fue sobreseído la semana pasada por el juez federal Miguel Ángel Contreras. Reynoso apeló esa resolución y en igual forma lo hizo la defensa del policía Guillermo Vega, el denunciante. (Ver aparte)
Ricardo Daniel Ponce había sido procesado por el delito de “abuso de autoridad”. En febrero del 2021 Contreras le había dictado el procesamiento y en la misma resolución ordenado la falta de mérito en el delito de "falsedad ideológica" por el que también estaba imputado. En ese momento el abogado del policía, Daniel Ortega, apeló el procesamiento y el Tribunal de Alzada hizo lugar en forma parcial dictando la falta de mérito por el "abuso de autoridad" y rechazando una nulidad planteada. En paralelo dictaminó la continuidad de la investigación. En el marco de esa pesquisa no se agregaron nuevos elementos en la causa y el juez determinó el sobreseimiento.
En la resolución de Reynoso, a la que El Ancasti tuvo acceso, el fiscal puntualizó que si bien comprende la situación procesal en la cual se encuentra inmerso el Señor Director del proceso (el juez), "por la existencia de una intervención de un órgano jurisdiccional jerárquico que emitió opinión al respecto en forma contraria a su posición original, no comparto su análisis al sostener que no existen pruebas de cargo que permitan sustentar la imputación originaria, dado que él mismo, con las mismas pruebas, al realizar el análisis de la situación procesal de Ponce, resolvió su procesamiento por la participación en el delito que tiene como bien jurídico protegido el correcto funcionamiento de la administración pública”, destaca.
En el mismo orden señaló que "las actuaciones se iniciaron el día 11 del mes de julio del año 2019, cuando el denunciante Guillermo Vega pone en conocimiento, que en oportunidad de rendir un examen para su ascenso en el mes de mayo del año 2019 y con la promesa de ayudar para su traslado a División de Drogas Peligrosas y aprovechando que el deponente era personal de calle de Comisaría Sexta, el comisario Daniel Ponce le encargó que realizara tareas de investigación a los efectos de conseguir contactos con presuntos comercializadores de sustancia estupefacientes. Dicha situación se ve corroborada con el acta de visualización mediante la visualización de diferentes mensajes por el sistema Whatsapp, que no solo se reflejó la relación existente entre el denunciante y el traído a proceso, sino también el aporte de datos en el marco de tareas de inteligencia encomendado", detalló el Fiscal Federal
Y agregó que "la mencionada visualización hecha por tierra la posición exculpatoria asumida por el encartado oportunamente, dado que se advierten supuestas órdenes que habrían sido dadas por el imputado sin la debida autorización y/o comunicación de algún órgano judicial como lo establece nuestro código de rito. (...) La referida situación, apertura y/o iniciación de investigaciones en el marco de sustancias prohibidas, se efectuó sin la debida autorización y/o comunicación al órgano judicial, tanto Juzgado Federal como de Fiscalía Federal como marca la norma de rito vigente, donde el sindicado Daniel Ponce tomándose atribuciones por encima de lo autorizado, dictando órdenes contrarias a la constitución y leyes nacionales, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, en relación a garantizar la regularidad y legalidad de los actos que le son propios en sus funciones", fundamenta Reynoso. Y finaliza indicando que "de lo expuesto y valorado, considero la existencia del hecho endilgado oportunamente como así también la participación en el mismo por parte del incoado Ponce, que amerita se deje sin efecto la resolución atacada haciendo lugar al presente acto recursivo".
El abogado Pedro Vélez, que representa al denunciante, el policía Guillermo Vega, señaló que el sobreseimiento fue "exprés" y puntualizó que existió una vulneración del derecho de defensa. También apeló la resolución de Contreras.
"Motiva el recurso que luego del dictado del auto de falta de mérito en relación al delito de falsedad ideológica mi parte se ha visto impedida de producir prueba en relación a ese hecho que varíe esa situación procesal por un procesamiento, pues al comprender la resolución referida al procesamiento por el delito de abuso de autoridad y al haber apelado esa resolución la defensa, ello implicó que las actuaciones fueran remitidas a la Cámara de Apelaciones de Tucumán, habiendo reingresado al Juzgado Federal el día 2 de febrero del 2022, y como se explicara infra, mi parte nunca tuvo acceso mínimamente a las actuaciones como para analizar qué prueba ofrecer hasta después del dictado del sobreseimiento exprés con el que se benefició llamativamente al imputado", señaló Vélez. Y agregó que "se vulneró el derecho de defensa y se impidió vista del expediente y por ende la posibilidad de analizar las actuaciones".