La falta de designación del defensor titular de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no deja de ser un papelón que pone en evidencia lo que ocurre cuando no hay agenda política compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que tenga continuidad, más allá de los cambios de gestión. Luis Eduardo Tomassi, el defensor que resultó electo de la Comisión Bicameral en agosto del año pasado, reclamó porque la Legislatura no aprobó todavía su designación ni la de los adjuntos. En realidad, el Senado cumplió con el trámite en septiembre del año pasado y falta que se expida la Cámara de Diputados.
La figura del defensor de la Niñez y Adolescencia se creó por la ley 5357, publicada el 30 de agosto de 2013, en la gestión de la ex gobernadora Lucía Corpacci. El objeto de esa normativa, según expresa, es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para “garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”.
El artículo 73 de la ley establece la creación de la figura del defensor de la Niñez. Su puesta en vigencia se había reclamado con fuerza a partir de la tragedia en la que murieron calcinados en una celda Franco Nieva (16), Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15) y Franco Sosa (16), todos ellos alojados en la Alcaidía de Menores.
La normativa señala que el titular y los adjuntos serán propuestos, designados y removidos por la Legislatura Provincial a través de una Comisión Bicameral, la que debía crearse en el plazo de 30 días hábiles de sancionada la ley.
Luego de varios reclamos de distintas organizaciones por la falta de cumplimiento de la ley, la Comisión Bicameral se integró en 2022, nueve años después, y realizó una intensa tarea para dictar el reglamento y realizar el concurso, en el que hubo varios postulantes. En agosto de 2023 emitió la resolución final. Pero el trámite no finalizaba allí porque la decisión de la Bicameral necesita ser ratificada por ambas Cámaras.
Sin embargo, el trámite volvió a quedar paralizado porque el Poder Ejecutivo no creó una partida para implementar la figura del defensor y sus dos adjuntos, cuya remuneración es equivalente a la dieta de un legislador. Desde el Gobierno, por su parte, esperaban que el Poder Legislativo acomode sus recursos para garantizar el funcionamiento. En esta situación, nadie afloja y se plantea el interrogante acerca de si la creación de la figura del defensor de la Niñez había sido lo suficientemente estudiada y fundamentada como para defender la vigencia y si, en realidad, en esta década no fue reemplazada por otros institutos que están en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y del Poder Judicial. ¿Niños y adolescentes catamarqueños tendrán garantizada otra realidad con la figura del defensor?
Lo cierto es que la falta de un acuerdo político previo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo deriva en este papelón, donde hay defensores designados por concurso que no pueden ejercer y que podrían judicializar la situación, ya que pasaron un exhaustivo concurso. Aún así, queda el interrogante acerca de cuánto podrá cambiar la realidad de los niños y niñas la designación de un defensor de sus derechos en un contexto en el que el 66% de los menores de 14 años, hasta junio de este año, están bajo la línea de pobreza.
