La reforma judicial que anunció el gobernador Raúl Jalil adoptará un formato distinto a la primera, que se desplegó en 2020 a partir de una operación relámpago parlamentaria que derogó el Consejo de la Magistratura y elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte de Justicia.
Tras reunirse con Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero explicó que ahora, en cambio, se abriría una ronda de consultas para identificar los motivos de la ineficacia del sistema judicial y comenzar a trabajar en alternativas para revertirla.
También el contexto es diferente al del golpe de mano de 2020.
Las deficiencias en el inicio de la investigación del asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, que pusieron a tiro de Jury al fiscal Laureano Palacios, dieron mayor consistencia a las críticas al funcionamiento de la Comisión Evaluadora con la que el Gobierno, apoyado por la UNCA, reemplazó al Consejo de la Magistratura en el procedimiento de designación de jueces y fiscales y, la relación entre el Gobierno y la Corte, por otro lado, no atraviesa su mejor momento por razones presupuestarias.
La apertura de un debate amplio sobre la Justicia podría ser un intento de enfriar el clima político en torno al Caso Rojas, que como era previsible, comenzó a caldearse con la reactivación del jury a Palacios y la ausencia de indicios que orienten la pesquisa. De hecho, Jalil la anunció inesperadamente al responder una pregunta sobre el Caso Rojas y la situación de Palacios.
Esta presunción no desacredita el espacio que eventualmente logre armarse como oportunidad propicia para avanzar en cambios que a todas luces son imperiosos, porque más allá de las divergencias que puedan plantearse con la política judicial del Gobierno, lo real y cierto es que el desempeño de la Justicia es paupérrimo desde hace años, no desde que se eliminó el Consejo de la Magistratura.
El propio descargo que hizo Palacios podría ser asumido como una suerte de diagnóstico provisorio.
El fiscal en capilla se defiende atacando con una perdigonada a todo el sistema, empezando por los cuerpos de peritos policiales y judiciales que no le advirtieron sobre la posibilidad de que el ministro hubiera sido asesinado, para seguir con el excesivo rigorismo de la Justicia de Garantías, que liberó de oficio a la mujer que él había ordenado detener por falta de firmas y colocar la frutilla del postre: que el Poder Ejecutivo lo haya propuesto y el Senado aprobado sus pliegos previa consulta a la Corte y el Colegio de Abogados, es garantía de solvencia profesional que lo exime de responder ante un jury por incompetencia.
Lo irónico es que lo único que quedó a salvo del alegato fue la controvertida Comisión Evaluadora, debido a que Palacios no integró una terna de postulantes surgida de un concurso, sino que fue propuesto directamente por el Poder Ejecutivo a un Senado de aplastante mayoría oficialista porque el concurso había quedado desierto. Para mejorar sus pergaminos, Palacios podría argumentar que incluso los dos senadores de la oposición lo aprobaron.
Sin demasiados análisis, como punto de partida nomás, una reforma judicial podría contemplar mecanismos institucionales tendientes a evitar que el mero hecho de que un concurso se malogre baste para dejar liberado al criterio del Gobernador y los senadores la cobertura de un cargo.
Pero lo más interesante sería comprometer a la corporación judicial en la revisión de su devaluada circunstancia. Ni la última reforma ni las anteriores, incluidas las del FCS, fueron ejecutadas desde la política sin que organizaciones como la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados emitieran rezongos por los manoseos. Lo sabe cualquier domador: a fuerza de manoseos, se le sacan las cosquillas al redomón más matrero.