lunes 10 de enero de 2022

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Cara y Cruz

Otra vez la Policía

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8 de enero de 2022 - 01:10

La causa por abuso sexual y corrupción de menores abierta contra el policía Julián Suárez reactualiza las inquietudes por los criterios que se aplican para seleccionar a los miembros de la Policía de la Provincia, que en su caso vienen con el agravante de que consiguió presentarse como candidato a intendente del municipio belicho de Villa Vil en representación del Frente de Todos en las elecciones de 2019, en las perdió a manos del radical Ramón Villagra, que fue reelecto. Aunque es numerario policial, se desempeñaba como supervisor en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, seguramente debido a sus vínculos políticos.

Suárez fue denunciado en diciembre por los padres de una niña, quienes se enteraron de los ultrajes a los que había sido sometida. La causa cayó en la fiscal Marina Villagra, que dispuso que la víctima sea sometida al protocolo de rigor y tras obtener los resultados ordenó el arresto del policía, quien fue indagado el 29 de diciembre por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" y "corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años". Luego se sumaron otras dos denuncias en su contra.

Poco puede objetarse de la candidatura del sujeto. No pesaba sobre él en 2019 denuncia alguna y para postularse no se requieren exámenes psicológicos. Las urnas le fueron adversas y Villa Vil se salvó de tener como jefe comunal un epígono de Enrique del Carmen Aybar, exintendente de Puerta de Corral Quemado condenado y preso por abuso sexual.

El caso Aybar desencadenó un estruendoso debate porque había sido reelecto dos veces mientras estaba procesado. La Legislatura sancionó incluso una reforma de la ley Orgánica de Municipalidades para regular el procedimiento de destitución de intendentes condenados, que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

La calidad de los trámites para incorporar efectivos a la Policía provincial no provoca aflicciones similares, pese a los numerosos precedentes acumulados de desequilibrios emocionales que degeneran en brutalidad e incluso muertes.

Las aberraciones que se le endilgan a Suárez se suman al historial de tales episodios, que plantean grandes interrogantes sobre la formación de los policías, pero más que nada sobre la evaluación de las personalidades de los aspirantes a serlo o la relevancia que las autoridades le dan al momento de designar efectivos.

Las denuncias por brutalidad policial son recurrentes, pero no hay información de los eventuales procesos internos y sus resultados. Esto se concatena con las demoras de la Justicia para resolver sobre las denuncias.

El año pasado se desató una polémica luego de que el jefe de Policía, Ángel Agüero, levantó el estado de disponibilidad de 11 efectivos sobre los que pesaban causas judiciales por violencia. El volumen y la intensidad de las críticas fue tal que el Ministerio de Seguridad revirtió la medida, pero de todas maneras Agüero se refirió a la mora judicial.

Independientemente de las teorizaciones jurídicas que puedan hacerse en torno a la autonomía entre los procedimientos administrativos de la Policía y los expedientes judiciales, los argumentos de Agüero parecían atendibles: sancionar a un efectivo cuando la veracidad de la denuncia que dio origen al pase a disponibilidad aún no ha sido establecida judicialmente, expone a la institución a demandas por arbitrariedad. Esto incluso podría ocurrir si la disponibilidad se sostiene más allá de un plazo razonable, porque el policía en esta situación percibe la mitad de su sueldo.

Las conjeturas al respecto se desarrollan en cualquier caso sobre los hechos ya consumados. Suárez, que está preso, fue puesto ya en situación de disponibilidad y se inició un sumario en su contra.

Lo que sería conveniente revisar, más allá del principio de inocencia que lo ampara, es la rigurosidad e incluso regularidad del proceso que se siguió para habilitar su ingreso a la Policía. Por ahí podrían ajustarse los trámites, por aquello de que más vale prevenir que curar.

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