Un fallo judicial obliga al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La orden fue dictada por el juez federal de Dolores, Martín Bava, tras un amparo de la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La acción fue presentada por el abogado Francisco Verbic (CAIP) junto a Leonel Bazán y Diego Morales (CELS) contra el Ministerio de Economía. Buscaban declarar ilegal la conducta ministerial y obtener el expediente completo del decreto. La resolución judicial exige al Ministerio de Economía y a la Agencia de Acceso a la Información Pública garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo, incluyendo anexos y documentación conexa.
Según los demandantes, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275)y buscó ocultar la información. A pesar de dar trámite inicial al pedido y solicitar prórroga, el Ministerio decidió desconocer su aplicación y derivarlo a un procedimiento administrativo. El juez Bava sostuvo que la conducta ministerial fue considerada contraria al derecho a conocer información que afectará a la sociedad, y el DNU tampoco detallaba razones ni condiciones del empréstito.
El fallo reafirma el derecho al acceso a la información pública como indispensable para el control democrático de decisiones estatales, especialmente en políticas económicas de alto impacto como acuerdos con el FMI. El juez aclaró que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin necesidad de motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sostiene que la información pública "no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina" y se rige por el principio de máxima divulgación.n