Nueva embestida contra el sector de la discapacidad
16 de octubre de 2026 - 00:50
Una nueva embestida del gobierno y del ecosistema libertario contra el sector de la discapacidad coincide con dos discusiones decisivas para el sector: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto 2027. El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que “aproximadamente el 60%” de las pensiones por invalidez son falsas, y el Presidente replicó el mensaje en su cuenta. Como siempre, no hubo documentación ni resultados concretos de una auditoría que respaldara el número. El Foro Permanente Discapacidad exigió que se presenten las pruebas. Hasta ahora, no han aparecido.
La Derecha Diario mostró a un hombre que salía de una sucursal bancaria con muletas y luego caminaba con normalidad, y se lo acusó de fingir una discapacidad para cobrar una pensión. Chequeado y la Red Federal de Periodismo e Innovación comprobaron que se trataba de un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, cuya marcha es intermitente por la propia naturaleza de la afección y cuya hija exhibió el Certificado Único de Discapacidad. Una vez más, la falsedad había sido desmentida con anterioridad y aun así volvió a circular. La estigmatización no necesita ser verdadera para ser eficaz; le basta con ser repetida.
Tampoco es un recurso nuevo. Ya se había ensayado cuando el entonces vocero presidencial Manuel Adorni exhibió una radiografía de un perro para denunciar una pensión fraudulenta, sin que ese beneficio hubiera sido otorgado jamás con semejante estudio.
Una auditoría seria se reconoce por sus procedimientos y sus resultados publicados, no por sus consignas en redes sociales que originan crueles ataques. Una auditoría seria se reconoce por sus procedimientos y sus resultados publicados, no por sus consignas en redes sociales que originan crueles ataques.
En Catamarca estas afirmaciones tienen consecuencias concretas. Cuando se suspendieron pagos a unos 4.300 beneficiarios de la provincia, la Defensoría del Pueblo local señaló que el organismo nacional no había acreditado un solo caso individual de certificado falso, y la Justicia terminó restituyendo los beneficios por considerar irregular la forma en que se los había interrumpido. Frente a ese antecedente, la reiteración de cifras sin respaldo no solo agravia, sino que también expone a miles de familias a la incertidumbre y al maltrato administrativo.
Nada de esto implica negar que el sistema de pensiones y prestaciones deba ser auditado. Es más, debe serlo, con rigor y con transparencia, porque la protección de los recursos públicos es también una forma de proteger a quienes realmente los necesitan. Pero una auditoría seria se reconoce por sus procedimientos y sus resultados publicados, no por sus consignas en redes sociales que originan crueles ataques. Y quien identifique irregularidades tiene la obligación de individualizarlas y de actuar ante la Justicia, no de sospechar de todo un colectivo.
El gobierno debe reconocer que en áreas tan sensibles como la discapacidad, la salud, la educación o la ciencia, las políticas inclusivas no se diseñan desde el prejuicio. Requieren datos verificables, la voz de las organizaciones, de los prestadores, de las familias y de las propias personas con discapacidad, y un debate amplio y plural, con el Congreso como ámbito natural, donde las diferencias se expongan y se procesen para ejecutar políticas que beneficien a los sectores más vulnerables.
