La imputación por daño ambiental agravado al Campo de Piedra Pómez dictada contra varios integrantes de la emblemática Agrupación de montaña Calchaquí, desnudó inconsistencias importantes en la gestión del capital turístico catamarqueño, que marcan la necesidad de ordenar las políticas del área.
Por las singulares características de su fisonomía, la puna antofagasteña se ha posicionado como la joya más valiosa entre los destinos que tiene para ofrecer Catamarca.
El episodio protagonizado por los montañistas revela que la intensa campaña publicitaria desplegada por el Gobierno y el mejoramiento de las vías de acceso a Antofagasta de la Sierra, de cuya eficacia no cabe duda dado el notorio incremento que viene registrando el turismo, no fueron acompañadas por acciones tendientes a adaptar la maquinaria receptiva más allá de lo edilicio.
Esta disociación ha generado un vacío propicio para abusos y estafas que el escritor y experto en turismo Eduardo Aroca señaló pocos días después de que se produjera la detención de los calchaquíes por los presuntos perjuicios perpetrados contra el Campo de Piedra Pómez.
La noticia provocó particular estupor, pues medio siglo de trayectoria abona el compromiso de la Calchaquí con la integridad ambiental. La presunta transgresión se encadenaba, además, con otras cometidas anteriormente por visitantes desaprensivos en distintos puntos de la extensa geografía antofagasteña.
El creciente valor simbólico que los catamarqueños asignan a la Puna se refleja en la indignación que producen los agravios a su paisaje, invariablemente acompañados de reclamos por sanciones ejemplares contra los dañinos. Sin embargo es norma que estas catarsis, como tantas otras, queden encapsuladas en las redes sociales hasta que alguna derivación escandalosa induzca a las autoridades a sacudirse las itas.
El caso del Campo de Piedra Pómez se ajusta a este modelo secuencial.
En una nota publicada por este diario el 7 de marzo, Aroca, que es miembro de la Calchaquí pero no formaba parte del grupo de excursionistas detenidos, enfocó otra faceta del asunto.
Tras salvar “la reputación de los verdaderos y buenos guías de El Peñón y de la Villa, que los hay”, subrayó que “la actividad de guía de turismo en la zona de la Puna no solo es informal, sino que está sobrevaluada”.
“Ninguno está dentro de la normativa provincial ni nacional. Ese manto gris permite que personas sin los controles, regulación, formación y experiencia correspondientes, en sus momentos libres o no -muchas veces superponiéndose a otras actividades ajenas al turismo-, hagan de guías y transporte de turistas a distintos lugares de interés en la zona (Campo de Piedra Pómez, Volcán Galán, etc.)”, consignó.
Añadió que “con buena voluntad y buenas intenciones no alcanza para proteger, cuidar, regular y recorrer tan grande e importante patrimonio. Los guardaparques deben contar con la autoridad y logística necesarias para cumplir sus obligaciones. Es increíble que en los tiempos actuales el amiguismo y la complicidad puedan generar este tipo de situaciones”, concluyó.
Estas razonables consideraciones pasaron inadvertidas, entre otras cosas debido al silencio institucional de la propia Calchaquí, que se abstuvo de referencias al tema hasta que sus montañistas fueron imputados por la fiscal de Belén, Marina Villagra. Es decir, cuando el panorama se les puso castaño oscuro y se enfrentaron a la posibilidad concreta de sanciones por el delito que se les endilgaba.
No sería justo ensañarse con los montañistas por este mutismo. Con sus criterios formateados por la proverbial molicie judicial, quizás pensaron que el incidente no escalaría por encima de la anécdota desagradable y que más les valía no malquistarse con gente de una zona que seguramente pretenderán seguir visitando, que había demostrado por otra parte una ejecutividad para hacerlos meter presos que sería saludable adopte el funcionariato para menesteres menos innobles.
La cuestión es que recién cuando el expediente empezó a tomar cuerpo, tres semanas después del hecho, se decidieron a dar públicamente su versión.
Como es natural, proclamaron su inocencia, pero lo más importante es que revelaron una trama de corte extorsivo: su detención y la causa judicial habían sido instigadas por personas a las que se habían negado a pagarles un servicio de guía que no es obligatorio ni está regulado.
Esto es: el servicio de guía es opcional, no puede imponerse de modo compulsivo. Postularlo como imperativo ineludible no pasaría de una avivada si no fuera por lo que, de acuerdo con la versión de los calchaquíes, ocurrió después de negarse a pagar. Los emprendedores, tan decepcionados como influyentes, habrían conseguido que los encarcelen, les secuestren vehículos y celulares y les abran una causa judicial.
Relatos de otros expedicionarios insuflan credibilidad a la versión de los calchaquíes. Cuentan que se enteraron recién al llegar a la localidad de El Peñón o a la Villa de Antofagasta que debían desembolsar sumas adicionales a las que ya habían abonado por las excursiones, con el pretexto, falso, de que era indispensable solventar el servicio de guías lugareños. Cuánta desinformación.
La velocidad que imprimió la fiscal Villagra a la causa contra los montañistas habilita proyectar un “leading case” puneño en materia turística. Los elementos introducidos por los calchaquíes le permitirán avanzar en la investigación de posibles organizaciones montadas para esquilmar turistas, aprovechando el éxito de la región tanto como la defección estatal.
Se trata de un proceso que las autoridades deberían seguir con interés, pues está en juego no solo la preservación del Campo de Piedra Pómez y el resto del patrimonio paisajístico puneño, sino también conductas ilícitas que erosionan la política turística general.
Es de imaginar lo permeables que son a la inesperada obligatoriedad de pagar guías vernáculos turistas de otras provincias o extranjeros que contratan paquetes de excursiones y realizan el largo trayecto hasta Antofagasta. Los oportunistas han de calcular que se resignarán al desembolso después de haberse costeado a semejantes lejuras para contemplar “in situ” los exóticos parajes promocionados por la Provincia. También resulta sencillo deducir la impresión que se llevarán sobre el concepto que de la hospitalidad tienen algunos catamarqueños y el efecto que sus opiniones al respecto provocarán en potenciales visitantes a los que comenten su experiencia.
La fiscal Villagra, de tal manera, se ha hecho de una oportunidad única para demostrar su profesionalismo y aportar al desarrollo turístico de la Puna, sea sancionando sin miramientos a integrantes de una entidad como la Agrupación de montaña Calchaquí, por muy emblemática que se autoperciba, sea destapando matufias que habrían prosperado en alas de la miopía oficial.
Sería extraño que tales actividades se hayan desarrollado sin que se entere el intendente de Antofagasta, Julio Taritolay, radical él, que en cambio se anoticia en el acto y toma las medidas pertinentes sin dilaciones cuando algún insurrecto incordia a las litíferas.
No menos rara resultaría la ignorancia de la senadora del departamento, Norma Reales, que es su esposa. Tan rara como la prescindencia de la multitud de funcionarios que invaden cíclicamente Antofagasta de la Sierra para emocionarse con el majestuoso espectáculo telúrico y destacar los beneficios que la renta minera permite volcar en la inhóspita Puna.