La denominada Ley Ómnibus que ya ha empezado a estudiarse en el Congreso de la Nación introduce profundas modificaciones en la vida institucional de la Argentina. Una de las reformas que impulsa es la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Xenofobia y el Racismo. Precisamente el artículo 348 del apartado de Justicia del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional propicia la derogación de la Ley 24515, cuyo objeto fue la creación del INADI como entidad descentralizada.
El INADI fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, con el propósito de promover políticas públicas y, a largo plazo, cambios culturales contra racismo, xenofobia y discriminación. Es un organismo que tiene como función principal hacer cumplir la ley antidiscriminación sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El INADI es un organismo conformado de un modo pluralista. En su directorio están representadas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que trabajan con minorías históricamente vulnerabilizadas.
La eliminación del INADI, de aprobarse la Ley Ómnibus sin modificación en este punto, afectaría de lleno a lo que se ha convertido en una política de Estado en Argentina desde hace muchos años. Desde el año 2005 rige el Plan Nacional Contra la Discriminación, en cuya elaboración contribuyeron sectores sociales, académicos y políticos, la Secretaría de Derechos Humanos y el propio INADI.
Además de la pérdida de muchas fuentes laborales, la eventual desaparición del Inadi implicaría también el fin de políticas inclusivas. Entre sus atribuciones y funciones se cuentan el diseño e impulso de campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural; la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas así como la recepción y centralización de denuncias sobre conductas discriminatorias, entre muchas otras.
No será tarea fácil para el oficialismo nacional convencer a los legisladores que se acepte un retroceso de esta naturaleza. Las acciones contra la discriminación tienen aval constitucional desde 1994. La reforma de ese año elevó a rango constitucional una serie de documentos internacionales de protección de derechos. Uno de ellos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así como fue presentada, la Ley Ómnibus no tiene chance de ser aprobada. Es decir, o no se aprueba, o se aprueba con muchas modificaciones. Es de esperar que, si se modifica, uno de los cambios sea que se anula la intención del oficialismo nacional de eliminar al INADI, y con él las políticas que el instituto viene aplicando con eficacia en todo el territorio de la Nación.
