El presidente Javier Milei celebró en cadena nacional que el Estado cerró el primer trimestre con superávit financiero. Dijo además que su gestión había logrado un triunfo contra la inflación y que ya comenzó una recomposición de los salarios reales.
Sus apreciaciones respecto a la derrota de la inflación son por lo menos engañosas. Es cierto que vienen bajando mes a mes, pero desde niveles altísimos. Y con índices aún bastante por arriba del promedio del gobierno anterior. Carlos Rodríguez, un economista ortodoxo que asesoró a Milei hasta poco antes de asumir, lo sintetizó de la siguiente manera: “¡La manera más fácil de bajar la inflación es subirla, para que después baje! La subió al 25 por ciento y ahora está feliz porque la bajó al 11 por ciento. Pero si Massa la tenía al 6 por ciento”.
En cuanto a la recomposición salarial no hay ningún indicio que corrobore tal afirmación. Es más, los últimos datos estadísticos indican que el poder adquisitivo de los salarios sigue en declive. Y esa caída no es un fallo de la gestión sino una medida deliberada del gobierno, que ha decidido pisar las paritarias del sector privado para que los aumentos sean menores al del índice de precios al consumidor, y otorgar aumentos a los trabajadores estatales, jubilados y pensionado también menores al ritmo inflacionario. Los ingresos de los trabajadores informales, finalmente, continúan en un derrumbe histórico.
Pero la clave está en el análisis del panegírico del superávit fiscal. El superávit financiero logrado de 275 millones de pesos, equivalente al 0,2 puntos del PBI corresponde solo a las cuentas del Tesoro, es decir, al resultado de caja, que computa el dinero que ingresó y el que salió, pero no, por ejemplo, los gastos devengados. Los gastos devengados son los que se deberían haber pagado pero se postergaron. En el primer trimestre se prorrogaron pagos de compensaciones a generadoras eléctricas –alrededor de 1.200 millones de dólares- y deudas a empresas del sector energético, lo que eleva la suma devengada a 2.000 millones de dólares, que si se computaran darían como resultado un déficit financiero en el trimestre.
Pero si el superávit se produjese aun con el pago de las deudas mencionadas, el problema es que se alcanza a partir de la retracción de fondos presupuestarios en áreas clave del Estado, como las universidades, por ejemplo, y con un costo social altísimo: en lo que va del año se incrementó la pobreza, la indigencia, el desempleo y la economía se ha derrumbado en niveles solo comparables con los de la pandemia.
De modo que los esfuerzos gubernamentales deberán centrarse en adelante en propiciar la reactivación de la economía y que esa recuperación redunde en una mejora del nivel de vida de los ciudadanos. El superávit es un ideal a alcanzar, pero no a cualquier costo.