El femicidio de María Milagros Vázquez, de 23 años, a manos de su padrastro y pareja Juan Carlos Aguilar, de 53, dejó al descubierto las deficiencias del sistema estatal establecido para prevenir y combatir la violencia de género pero también, y sobre todo, la profunda hipocresía camuflada tras sellos que, pese a la buena voluntad y el esfuerzo de quienes tratan de insuflarles alguna eficacia, naufragan en la inoperancia por falta de recursos.
En el caso concreto del brutal asesinato de Milagros relumbra un dato: Juan Carlos Aguilar, el “Chacal de La Suerte”, estuvo preso por violencia de género pero la Justicia no detectó la perversa relación que mantenía con su hijastra desde que ésta tenía 13 años o, peor aún, la detectó y no hizo nada para impedir que continuara.
Esto, sin considerar la extraña circunstancia de que nadie en Recreo y sus alrededores percibiera una situación tan anómala: Aguilar había engendrado nada menos que tres hijos con una muchacha que era hija de su pareja. El funesto vínculo se mantuvo durante diez años durante los cuales el personaje, que alega haber matado a Milagros borracho, infligió sufrimientos con una impunidad absoluta.
El equipo de investigación “Violencias estructurales patriarcales-coloniales-capitalistas y procesos de resistencia múltiples y situadas en territorios catamarqueños” de la Facultad de Humanidades de la UNCA ha sido la única voz que se alzó hasta ahora para consignar las miserias colectivas que el caso expone.
Catamarca estaba de vacaciones y transitando la Fiesta del Poncho cuando ocurrió el crimen, pero es pertinente preguntarse de todos modos si la indiferencia sería la misma si la víctima no fuera tan pobre, si no fuera una “nadie”.
¿Qué reacción hubiera despertado en la sociedad un asesinato de tan brutal naturaleza si la asesinada estuviera mejor ubicada socialmente? Incómodo interrogante.
Los investigadores académicos señalaron que “los dispositivos de intervención no llegan y la presencia del Estado provincial se reduce a delegaciones”, que “carecen de personal técnico capacitado para el abordaje de problemáticas sensibles como la violencia de género”.
“La desfinanciación de las políticas públicas nacionales; la concentración de recursos en la ciudad capital; la precariedad o inexistencia de áreas con personal técnico capacitado en los municipios; la escasa, precaria o nula articulación entre diferentes áreas del Estado, son todos aspectos que conspiran contra un abordaje efectivo de la problemática por parte del Estado, garantizando de esta manera la persistencia de violencias estructurales sobre los cuerpos de mujeres y disidencias en nuestra provincia”, expresaron a través de un documento.
Recordaron además la “desjeraquización” de las políticas de género.
“A casi 10 años de la sanción de la ley 5434 de violencia familiar y de género, el Gobierno provincial aún no implementa el fuero especializado de violencia de género en el Poder Judicial. Esto se traduce en revictimización y nuevas violencias por parte de funcionarios policiales y judiciales sin formación específica, lo que deriva, muchas veces, en la impunidad en los hechos”, advirtieron.
El pronunciamiento, muy minucioso, se abstiene de explicitar una conclusión tan evidente como lógica: la creación de áreas destinadas a prevenir y combatir la violencia de género es un mero recurso de marketing si no se les proporciona las herramientas para cumplir sus funciones teóricas.
En tanto no se asignen recursos materiales y humanos para las políticas de género, los cadáveres continuarán marcando la deserción estatal, con un elemento lamentable que el femicidio de “La Suerte” vino cruelmente a verificar: la presión social para que esto suceda depende del estrato social de la muerta.
Si se exceptúa a los universitarios, a Milagros Vázquez Catamarca no la ha dedicado ni un responso.
