Comienzan ahora los enrevesados trámites leguleyos para deslindar responsabilidades por la demora en practicar un informe socioambiental y un diagnóstico de interacción familiar sobre Cinthia Aranda y su expareja y victimario, el policía Diego Gastón Ortega, en el marco de una demanda por alimentos.
Debería haberse realizado en enero, se traspapeló. El 4 de febrero, Ortega disparó con su arma reglamentaria sobre Cinthia y su hijastra. Cinthia murió el 11.
Recién el 9 de febrero, con Cinthia en agonía, la subrogante del Juzgado Civil, de Familia y Menores de Andalgalá, Lorena Paola Gutiérrez, solicitó al Hospital Zonal de Saujil que designe una “trabajadora social y proceda a constituirse en el domicilio de la víctima y el agresor y realice un amplio informe socioambiental”. También, que designe una psicóloga “que deberá realizar un amplio informe psicológico en la persona de denunciante y denunciada”.
El oficio fue receptado por el nosocomio el 21, con Cinthia ya muerta.
El texto parece una broma macabra.
Advierte sobre “las características de la problemática existente en las personas de Cinthia Eleonora Aranda y Diego Gastón Ortega”, y añade: “Hágase saber al organismo de mención que, en caso de citar a las partes a los fines de practicar el diagnóstico requerido, debe hacerlo en días distintos”.
En dimensiones distintas debería haber redactado. Para la fecha de la notificación, Cinthia estaba muerta y su asesino preso, aunque vivo. Tal vez la Justicia carezca de recursos materiales y humanos pero, a estar por el oficio, algunos de sus miembros suponen que pueden comunicarse con el más allá. Peritos "médiums", toda una novedad.
El fiscal que instruye la causa, Martín Camps, necesita el informe socioambiental y el diagnóstico de interacción familiar para ajustar la tipificación del delito. Ambos elementos contribuirían a probar si Ortega ejercía violencia sobre Cinthia de manera sistemática.
Pero lo del Juzgado Civil y de Familia es una medida inexcusable más allá de las formalidades procesales.
Las evaluaciones profesionales eran indispensables en enero para determinar “las características de la problemática existente” entre Cinthia y Ortega, y eventualmente establecer medidas preventivas tendientes a evitar el derrotero fatal que finalmente se dio.
“Las características de la problemática” fueron esclarecidas sin necesidad del concurso profesional de trabajadoras sociales y psicólogas. Ortega se encargó del engorroso trámite a tiros ¿Para qué necesita la Justicia peritos teniendo policías tan expeditivos?
Si el Juzgado de Familia hubiera actuado en tiempo y forma, tal vez las profesionales hubieran advertido las dichosas “características de la problemática” a tiempo para despojar a Ortega del arma reglamentaria y proteger a Cinthia.
Otra mujer asesinada, los encargados de procurar seguridad y justicia en maniobras burocráticas para sacudirse las responsabilidades del lomo. Tal es la lamentable imagen que proyecta el Poder Judicial.
La misma Justicia de Andalgalá quedó en la mira en septiembre por el femicidio de Eugenia Olivera, quien había denunciado a su asesino y expareja, Eliseo Guerrero.
¿Cuántos casos como el de Cinthia habrá en los entresijos del Poder Judicial? ¿Cuántos informes socioambientales y diagnósticos de interacción familiar trabados por la desidia? Bombas de tiempo…
Se abre sumario, ya se verá qué determina.
Mientras, que la pregunta machaque para que los que tengan que hacerlo se sacudan las itas: ¿Cuántas potenciales Cinthias está configurando la defección judicial?