jueves 25 de julio de 2024
Beneficio para proveedores locales

Nación cedió a la presión de los senadores y modificó el Régimen de Inversiones

El proyecto fue aprobado por la mayoría de los senadores que introdujeron cinco cambios al proyecto que vino de la Cámara de Diputados para que no sea rechazado.

Para garantizar la aprobación por parte de los senadores, el Gobierno nacional accedió a conceder cambios al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el proyecto de la Ley Bases.

Son cinco los grandes cambios a la iniciativa que llegó de la Cámara de Diputados que aceptó la gestión libertaria para que este capítulo no sea rechazado por el pleno del cuerpo. La principal modificación que beneficia a las provincias es que las nuevas inversiones deberán contratar en parte a proveedores locales.

La primera modificación apuntó a los sectores que pueden ser beneficiados (artículo 165): los beneficios del RIGI ya no será para “cualquier sector” tal como estaba previsto en el proyecto original, sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”. En plena sesión se sumaron otros grandes rubros económicos, ellos son “turismo, petróleo y gas y siderurgia”.

Más adelante, el nuevo texto aprobado por el Senado otorga ciertos beneficios para proveedores locales (Artículo 174). Es que se incluyó que cada proyecto tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.

El tercer cambio relevante al proyecto está vinculado al ítems “incentivos cambiarios” que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos (Artículo 196). Con las modificaciones, ahora será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Esos fondos, según el nuevo proyecto, “en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad”. Además, agrega que “los VPU (Vehículos de Proyecto Único) no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos”.

Posteriormente, se establece que “cuando se trate del cobro de exportaciones, efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera: 20% luego de transcurrido 1 año contado desde la fecha puesta en marcha del VPU; 40% luego de transcurrido 2 años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU; 100% luego de transcurrido 3 años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU”.

En este artículo, también se aclaró que “resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación”.

El cuarto cambio implica que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía (Artículo 205). Así, los activos podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informarle dentro de los 15 días corridos siguientes de ocurrido. Los activos podrán ser “objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros”.

Finalmente, se propuso “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos” (artículo 175).

En concreto, desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos.

Principales cambios al RIGI

Las nuevas inversiones deberán contemplar la contratación de proveedores locales en un porcentaje de sus compras.

Los beneficios del régimen serán para algunos sectores: foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología. En la sesión, se sumaron turismo, petróleo y siderurgia.

Incentivos cambiarios: se limita la obligación de liquidar las divisas que se generen por las exportaciones de los productos.

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