El gobierno nacional profundizó en agosto la motosierra fiscal. Según un relevamiento de la consultora Analytica sobre datos oficiales del Ministerio de Economía, el gasto público se contrajo un 10% en términos reales respecto de igual mes de 2025, el retroceso más pronunciado de lo que va de 2026. La decisión responde a la necesidad de compensar una recaudación que se derrumba a la par que se estanca la actividad económica y se retrae el consumo de las familias argentinas.
En lo que va del año, los ingresos tributarios cayeron casi un 4%, con el IVA y el Impuesto a las Ganancias como los tributos más golpeados. No es casual: se trata de los dos impuestos más sensibles al pulso de la economía real, y su retroceso refleja directamente la floja performance de la industria, la construcción y el comercio, sectores que en conjunto explican casi el 60% de esa recaudación.
Frente a ese faltante de ingresos, la respuesta oficial ha sido, una vez más, la de recortar gastos antes que revisar el rumbo. Y los recortes de agosto, como era previsible en función de la lógica del modelo económico libertario, volvieron a concentrarse en los sectores a los que el ajuste viene castigando desde el inicio de la gestión. Las transferencias no automáticas a las provincias, por ejemplo, sufrieron un verdadero derrumbe, con una caída del 86% interanual, una cifra que deja a los gobiernos provinciales sin buena parte de los recursos discrecionales con los que antes podían atender obras, emergencias o programas propios. Los programas sociales, exceptuada la Asignación Universal por Hijo, se desplomaron un 40%. Y el gasto en salarios de los trabajadores estatales retrocedió un 8%, en un contexto donde la administración pública ya viene de sucesivos achicamientos de planta y de un poder adquisitivo deteriorado.
A este cuadro hay que sumarle un efecto que agrava todavía más la situación de las provincias, como es la caída de las transferencias automáticas, resultado directo de la merma en la recaudación de los impuestos coparticipables.
El ajuste no distribuye sus costos de manera equitativa entre todos los sectores de la sociedad, sino que recae con particular dureza sobre las provincias, sobre los programas sociales destinados a los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores del Estado. Mientras tanto, otras decisiones fiscales del propio gobierno han operado en sentido inverso, favoreciendo a los sectores de mayores ingresos. La rebaja del Impuesto a los Bienes Personales, dispuesta al inicio de la gestión, es el ejemplo más claro. Se trata de una medida que redujo la carga tributaria sobre los patrimonios más altos y que, en el contexto actual de fragilidad fiscal, contribuye al desfinanciamiento del Tesoro que después se pretende compensar recortando transferencias a las provincias y programas sociales.
Sería razonable esperar que, antes de seguir profundizando ajustes sobre los sectores ya más golpeados, el gobierno nacional revise decisiones como esa, que erosionaron la base imponible sin una contrapartida productiva virtuosa. Y sería igualmente razonable que, en lugar de limitarse a administrar la escasez, diseñe políticas activas que reactiven la industria, la construcción y el comercio, los mismos sectores cuya debilidad explica hoy la caída de la recaudación.
