domingo 19 de junio de 2022

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Editorial

Mojones de la historia

El 3 de junio ha quedado instalada como una fecha emblemática de la lucha contra la violencia...

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4 de junio de 2022 - 00:25

El 3 de junio ha quedado instalada como una fecha emblemática de la lucha contra la violencia de género y su expresión más extrema, el femicidio. Desde la primera marcha, ocurrida hace siete años, la campaña Ni Una Menos no ha perdido vigor sino todo lo contrario.

Un balance somero de lo sucedido en los últimos años permite concluir que se han registrado numerosos avances en el proceso, aunque las estadísticas parezcan indicar lo contrario: en lo que va del 2022 se registraron 127 femicidios y 2041 desde aquella primera marcha de 2015. Y a diario hay miles de casos de violencia de género. El registro de los femicidios es reciente, de modo que no se puede establecer comparaciones con épocas anteriores, cuando ni siquiera se usaba ese término. Y las denuncias por violencia de género son muchas porque los casos son muchos, pero también porque ahora las mujeres se animan a denunciar lo que antes se naturalizaba.

Ese abandono de la naturalización y la sana indignación que produce cualquier tipo de violencia contra la mujer es, tal vez, junto con el sostenimiento del tema en la agenda pública, el principal logro del proceso. Pero hay otros avances que merecen destacarse.

Por ejemplo, se puso en marcha el registro de femicidios y se lanzaron distintas iniciativas de asistencia a las mujeres y personas del colectivo LGBT+ que sufren este tipo de agresiones. Además, se crearon, a nivel nacional, provincial y de gobiernos locales numerosas estructuras gubernamentales que atienden la problemática y que interactúan con organizaciones de la sociedad civil. A nivel del gobierno federal existe el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tuvo como antecedentes el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Está en vigencia el Programa Acompañar, que procura asistencia a mujeres y personas de la comunidad LGBT+ que se encuentran en situaciones de violencia de género. El programa incluye una asignación económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses y "acompañamiento psicosocial".

A nivel legislativo se sancionó la Ley Brisa, que brinda beneficios para los hijos de las víctimas de femicidios y la Ley Micaela, que dispone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para funcionarios de los tres poderes del Estado.

Desde las organizaciones de mujeres se valoran estas iniciativas pero se reclama mayor y mejor aplicación de las leyes vigentes, en particular la Ley Micaela y, una mejor articulación entre los estamentos estatales para la aplicación de las políticas.

La persistencia y ampliación de la lucha contra la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres, denota el compromiso del colectivo y de una inmensa mayoría de la sociedad, que reconoce la justicia del reclamo. Las luchas que se fortifican a través del tiempo y registran hitos como mojones de la historia son las que están llamadas a transformar la realidad.

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