El defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, expuso los criterios con los que se elaboró el presupuesto del organismo y afirmó que la institución se sostiene con un esquema de austeridad similar al que tenía el ENRE, tal como había solicitado el Gobernador al momento de ponerla en marcha.
Mera recordó que, cuando asumió el desafío de activar una ley que llevaba 15 años sin aplicación, el compromiso fue trabajar con los mismos recursos humanos, edilicios y presupuestarios que utilizaba el ente regulador. Señaló que ese acuerdo se cumplió y que la propuesta elevada este año incluso se ajustó a una pauta más baja que la definida por el Ejecutivo en función de la inflación.
Indicó que la Defensoría presentó un presupuesto menor al que manejaba el ENRE, que además contaba con ingresos propios derivados de la tasa de verificación del 1,5% en las boletas de los usuarios. Ese monto, dijo, hoy queda en manos de los contribuyentes. Agregó que el Ejecutivo les pidió avanzar sin obras ni bienes de capital, pese a los problemas de conectividad y las herramientas tecnológicas obsoletas del organismo. Aun así, aceptaron priorizar otras urgencias.
En cuanto al personal, sostuvo que el organismo funciona únicamente con agentes que ya estaban en planta del Estado. Explicó que el personal proveniente del ENRE resultó clave por su formación en servicios públicos, mientras que para nuevas áreas se solicita la transferencia de empleados ya pagos por el Estado. Afirmó que no se realizaron nuevos nombramientos y que solo evaluarían incorporar a alguien con una especialización muy puntual.