lunes 23 de mayo de 2022

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Cara y Cruz

Mensaje judicial

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11 de marzo de 2022 - 01:05

Mientras violentos incidentes enmarcaban en la Plaza del Congreso el debate por el acuerdo con el FMI en Diputados, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de seis de los manifestantes que se enfrentaron con la policía durante el tratamiento de la reforma previsional en 2017.

Es destacable el manejo de la ironía. Si pretendieron expresar el grado de inquietud que les provocan las críticas a la molicie judicial, los camaristas no podrían haber elegir momento más apropiado para emitir la sentencia sobre hechos ocurridos hace casi cinco años, cuando el kirchnerismo acaudillaba la resistencia a la reforma previsional que el entonces presidente Mauricio Macri había pactado con los gobernadores peronistas en un pacto fiscal, previo fracaso de una primera intentona de sacarla en el Congreso en la que también se habían producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Decenas de manifestantes arrojaron piedras y bombas de estruendo contra policías que resistieron durante más de una hora tras sus escudos de acrílico antes de responder con bombas de gas y bolas de goma. Se desencadenó una batalla campal. El saldo fue de casi 200 heridos y más de 60 detenidos.

Simetrías del país fragmentado: para reunir consenso en torno a una refinanciación de la desmesurada deuda tomada por Macri que asimila al lanzamiento de su reelección, el presidente Alberto Fernández también recurrió al auxilio de los caudillos provinciales.

El margen de maniobra del núcleo duro del kirchnerismo está ahora condicionado por ser parte de la alianza oficialista y manifestó su disidencia con la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque de diputados del Frente de Todos y el silencio de su madre, la vicepresidenta, al respecto.

En ese contexto, la izquierda más radicalizada monopolizó la resistencia al FMI ayer. El ataque el Congreso alcanzó el despacho de Cristina.

Piedras arrojadas por los manifestantes impactaron contra los ventanales del primer piso del Senado, rompiendo varios de ellos, y contra despachos y dependencias de la planta baja y del segundo piso, afectando las oficinas de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), y del formoseño José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos.

Prefiguraciones, tal vez. Pasado el trámite en Diputados, el acuerdo debe ser abordado en la Cámara alta.

¿Cómo reaccionará el Poder Judicial de la Nación?

La confirmación de los procesamientos por los disturbios de 2017 salió en fallo dividido. El juez Alberto Boico se pronunció en disidencia con sus colegas Martín Irurzún y Eduardo Farah, quienes ratificaron la sentencia contra Jorge Fernando Herrera Castillo, Carlos Abel Bordón, Carlos Eduardo Artacho y Yamil Emanuel López, a los que sin embargo aliviaron de sus cargos. Todos venían procesados por el delito de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado, y solo les quedó esta última acusación. Además, revocaron los sobreseimientos y procesaron a Juan Diego Rossi y Leandro Héctor Pérez Salvador por atentado contra la autoridad agravado.

Boico, por su parte, criticó la actuación policial, citó a Amnistía Internacional y consideró que se habían violado todos los protocolos de actuación policial para votar por la falta de mérito y, en algunos casos, el sobreseimiento de los encartados.

“Es perfectamente posible la comisión de delitos en el ámbito del ejercicio de un derecho, pero en este caso, a la luz de las probanzas arrimadas y la perspectiva de examinación, no se ha podido establecer que las conductas investigadas hayan ingresado al terreno del derecho penal”, consideró.

Los criterios jurídicos son lo de menos en este caso. Lo significativo es el mensaje político que envían los jueces: un lustro para pronunciarse sobre un episodio emblemático de la Argentina convulsionada.

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Detenido. El individuo se presentó en la Policía Federal.

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