La obra debía estar concluida en septiembre del año pasado. En 2023, la empresa fue multada en $1.963 millones. El inicio del proyecto comenzó en 2022.
A pesar de que fue notificada hace 15 meses, la empresa salteña MEGA SRL todavía no pagó la multa por casi $2.000 millones que le fue impuesta por los serios incumplimientos en la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, que se inició en 2022 y debía estar concluida en septiembre del año pasado. A fines del año pasado, el Gobierno concluyó la etapa administrativa y habilitó a Fiscalía de Estado a accionar legalmente contra la firma. El contrato se rescindió en abril de 2024.
El acta de inicio de obra se firmó el 28 de septiembre de 2022 en la gestión de Alberto Kozicki en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, y los trabajos debían durar dos años. En mayo de 2023, con una visita del entonces presidente Alberto Fernández, se realizó un acto de “inicio de obra” aunque para ese momento los trabajos debían alcanzar el 34% de avance. Sin embargo, una inspección del Ministerio constató que los trabajos llevaban un avance de apenas el 3,90%. Allí comenzaron el proceso de aplicación de la multa.
Para entonces, la contratista MEGA SRL ya había demorado 30 días en designar un representante técnico: tenían uno, pero renunció y tardaron 21 días en nombrar a uno nuevo y otros nueve días en matricularlo. Además, éste no vivía en Catamarca, por lo que no estaba disponible cuando se lo requería: en algunas ocasiones, incluso se negó a firmar revisiones que el Gobierno hacía en conjunto con la distribuidora ECOGAS. Tampoco habían designado un responsable de Higiene y Seguridad, ni habían presentado un organigrama de personal ni respetaba las vías de comunicación que habían establecido en el contrato.
En octubre de 2023, el Ministerio, que ya conducía Lucas Zampieri, multó a MEGA SRL por un total de $1.963.132.239,74 al considerar que incurrió en tres tipos de incumplimientos previstos en el decreto reglamentario de la ley de obras públicas.
Por no establecer formalmente su plantel y equipos de trabajo en el plazo previsto, le fijaron una sanción de $205.205.460,60. Luego, por la demora en la designación del representante técnico, la sancionaron con $1.194751.792,83. Por último, le computaron otra sanción por $563.174.986,31 por la falta de cumplimiento del plan de trabajo y por no poder justificar la "marcha lenta" de la obra.
Además, el Ministerio recomendó al Gobierno rescindir el contrato por abandono del proyecto. Eso ocurrió en abril de 2024, ahora en la gestión de Eduardo Niéderle como ministro, y fue refrendado por decreto un mes después.
Antes de eso, la empresa presentó un recurso de reconsideración en el que cuestionó la legitimidad del acta de rescisión del contrato, denunció una enumeración de causas "basadas en hechos falsos o parcializados", cuestionó que existe una falta de motivación para rescindir el vínculo, aseguró que "no puede sostenerse que el avance de obra haya sido del 4,99% a julio de 2023" y reclamó que el Estado estaba en deuda con la empresa.
En un recurso de reconsideración, la firma cuestionó que el acta de rescisión del contrato se realizó desde la "Secretaría de Energía y Medio Ambiente" y no desde el "Ministerio", lo que Asesoría General de Gobierno consideró como una interpretación equivocada, porque en cualquier caso la rescisión de la obra se ratificó después con un decreto que llevaba la firma del gobernador Raúl Jalil, lo que echa por tierra cualquier tipo de vicio de nulidad.
Por otra parte, el Gobierno cuestionó que la empresa debía acreditar los motivos por los que consideró falsas las actuaciones del Estado y debía demostrar si fehacientemente existía algún avance mayor al 4,99% de la obra cuando se inició el proceso de sanción. Se cuestionó que a modo de demostración de que la obra no había sido abandonada, la empresa señaló que prueba de ello era que tenía oficinas y maquinarias destinadas al trabajo.
La empresa también aseguró en su presentación que las multas recibidas "no se encuentran firmes ni consentidas" porque existía un recurso de reconsideración presentado al respecto.
Sin embargo, el Gobierno advirtió que aquella presentación se había hecho con los plazos vencidos, por lo que "las multas han quedado firmes y consentidos los incumplimientos contractuales imputados".
De esta manera, en septiembre del año pasado el Gobierno rechazó el recurso de reconsideración presentado por la empresa, dio por concluida la vía administrativa y habilitó a Fiscalía de Estado a accionar contra la empresa por no haber concluido con la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, en la que se pensaban invertir más de 6.400 millones de pesos. Jalil instruyó a Fiscalía de Estado a "proceder conforme el artículo nº83 incisos a), b), c), i), y j) de la Ley de Obras Públicas nº2730".
Estos incisos hacen mención a la ocupación inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, con incautación de los materiales y equipos, establece que el contratista responderá por los perjuicios directos que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la continuación de las obras, habilita al Estado a realizar descuentos de las multas que pudieran corresponder y señala que la empresa perderá el depósito de garantía y su derecho a percibir intereses y puede ser eliminada del registro de proveedoras.
Además, señala que si la responsabilidad del contratista excediera el monto del depósito de garantía, el Estado podría avanzar sobre el equipo u otros bienes de la firma.
