Además, realizarán trabajo comunitario en centros de salud públicos, cuatro horas a la semana, durante un año.
La Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación concedió ayer la suspensión del juicio a prueba a ocho médicos acusados por presunto “fraude contra la administración pública en perjuicio de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP)”. Los profesionales deberán pagar en conjunto $17.240.396,30, monto que supera en casi dos millones de pesos la oferta inicial de $15.300.000 que habían presentado semanas atrás.
El tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo resolvió aceptar las propuestas presentadas por las defensas de los médicos Marcelo Rolando González, Alejandro Codigoni, Hugo Leonardo Pacheco, Lilian Beatriz Penise, Bruno Ariel Robledo, Juan León Córdoba Bustos, Nelson Walter Silva y Marcelo Alejandro Ubaid.
Tanto los representantes de la OSEP como de la Fiscalía de Estado y del Ministerio Público aceptaron las propuestas. La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, es un instituto procesal que permite evitar el debate oral sin que se quiebre el estado de inocencia de los acusados. Se trata de una medida alternativa y pacífica para la resolución de conflictos penales. En este caso particular, de haber continuado el proceso y recaído una condena, los imputados muy probablemente hubieran recibido una pena en suspenso sin ninguna compensación económica para la obra social afectada. Con la probation, en cambio, OSEP recupera el dinero con valores actuales dolarizados.
Los montos de reparación que cada profesional deberá transferir son: González pagará $3.065.302,80; Codigoni y Córdoba Bustos abonarán cada uno $2.310.648,90; Robledo deberá pagar $2.707.431,30; Penise transferirá $2.333.992,50; Silva abonará $1.789.387; Pacheco pagará $1.587.114,90; y Ubaid deberá transferir $1.135.870.
Además del resarcimiento económico, los médicos deberán cumplir durante un año con pautas de conducta, como realizar tareas comunitarias vinculadas a su especialidad médica en centros de salud públicos durante cuatro horas semanales. El incumplimiento de estas pautas podría dar lugar a la revocación de la probation y la realización del juicio oral. Los profesionales deberán presentar los comprobantes del pago de la reparación el próximo 14 de noviembre.
La investigación se inició en diciembre de 2013, cuando el Colegio Médico denunció la existencia de órdenes médicas irregulares o "truchas" que fueron presentadas para su pago a OSEP. Según la acusación, los médicos habrían presentado las mismas órdenes médicas múltiples veces en el mismo mes. El esquema habría funcionado con la colaboración de trabajadores tanto en el Círculo Médico como en OSEP, ya que no habrían operado correctamente las áreas de auditoría de ambas instituciones.
La causa originalmente incluyó a 12 médicos imputados. En diciembre de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió que solo ocho profesionales fueran a debate oral por los hechos consumados, al haberse producido la prescripción de la acción penal en los hechos caratulados en grado de tentativa. De esta manera, un expediente que tramitó durante más de once años en los tribunales catamarqueños llega a su resolución sin necesidad de realizar el debate oral y público, mediante una salida alternativa que garantiza la reparación del daño causado a la administración pública provincial.