Los casos de alto impacto suelen tener como efecto inmediato la visibilización de situaciones que, aunque conocidas, permanecen en los sótanos del debate público. La concientización alcanzada en materia de violencia de género, que incluye por ejemplo la no naturalización de situaciones que antes se toleraban y hasta se justificaban, es un buen ejemplo de ello. Así, los movimientos feministas lograron afianzarse como expresiones de búsqueda de igualdad a partir de la difusión de brutales casos de femicidio.
El maltrato infantil, sin embargo, aunque siempre ha existido, no se debate de la misma manera. Y la naturalización de ciertas prácticas de agresiones hacia los niños –sobre todo la física y psicológica, no así la sexual, que produce lógica indignación- es un mal que cuesta desterrar.
Retomando la reflexión inicial, pareciese que solo a partir de la difusión de casos aberrantes y extremos es que el tema sale a la superficie del debate. El crimen del pequeño Lucio Dupuy en La Pampa, que tuvo como victimarias a su madre y su pareja, motivó que se multiplicaran las denuncias de violencia contra niños en las líneas destinadas a recibirlas –la 102 de maltrato infantil o de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la 137 de violencia familiar o sexual-. Las denuncias se dispararon aun más luego de que, pocos días después, se conociera otro caso igualmente pavoroso: el de Salomón, un chiquito de dos años que fue abusado y asesinado a golpes por su padrastro. El incremento de denuncias en esas líneas gratuitas fue del 73 por ciento en cinco días.
Un porcentaje de esas denuncias, no especificadas en las estadísticas, provienen de personas ajenas al grupo familiar donde presuntamente se produjo, o se producen habitualmente, el maltrato. Son, por ejemplo, vecinos que son testigos a través de diferentes vías de la violencia, o docentes que perciben signos de esa violencia. Los signos son evidencias físicas, cambios en el comportamiento y, en el caso de la educación, decaimiento brusco del rendimiento académico. Si bien no todos los indicios ameritan una denuncia, es deber social advertirlos y solicitar ayuda para desentrañar sus causas.
Muchas veces hay una reticencia a denunciar, por más que las autoridades que reciben esas acusaciones telefónicas tienen la obligación de preservar el anonimato del denunciante, por temor o porque aun persiste una falsa concepción de que se trata de temas “privados”, solo de incumbencia de la familia, y que las personas ajenas a ella deben abstenerse de involucrarse. La violencia contra niños es de incumbencia pública, pues las víctimas se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad que obliga a quienes observan esta situación a ponerla en conocimiento del Estado, para que los castigos cesen y los responsables sean penados según lo que establece la ley.
Si para ponerle freno a la violencia de género se requiere del compromiso activo de toda la sociedad, más aún en el caso de la violencia infantil, porque las víctimas tienen una vulnerabilidad mayor.
