Alberto Fernández dejó la presidencia de la Nación, a principios de diciembre pasado, con un desempleo del 5,7%, el más bajo en 38 años. Pero los empleos creados luego de las restricciones de la pandemia, que superaron ampliamente los perdidos durante el aislamiento obligatorio, fueron en una gran proporción de baja calidad, con salarios por debajo de la línea de la pobreza y no registrados.
Esta tendencia de los últimos cuatro años explica los números recientemente difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): en el lapso mencionado el número de trabajadores en negro aumentó en 568.000, mientras que los empleos registrados creados fueron 363.000. Es decir que por cada empleo registrado creado se sumaron 1,5 empleos informales, que carecen de aportes jubilatorios, obra social y una restricción evidente al acceso a los derechos laborales contemplados por la normativa vigente.
Pero además los trabajadores en negro tienen ingresos muy por debajo de los registrados. El INDEC no difundió una actualización de esa brecha, pero la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, con estadísticas de 2022, señala que el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue un 28,9% menor que el ingreso del total de ocupados. De modo que no solo carecen de derechos básicos que debería tener cualquier trabajador, sino que además son más pobres. E incluso integran el sector considerado indigente, que en lo que va del gobierno de Javier Milei casi se duplicó.
El mismo informe de la UCA consigna que al 49,8% del total de los carecen de aportes al Sistema de Seguridad Social, porque los empleadores no les pagan esos aportes o porque los trabajadores por cuenta propia no realizan el pago de sus propios aportes. Respecto de la cobertura de salud, el 39% de los ocupados no contaban con obra social, mutual o prepaga. Es probable que los números sean peores ahora.
El informe del INDEC registra, como se dijo, la tendencia de los últimos cuatro años, pero no cuantifica los empleos perdidos desde diciembre a la fecha, pero el fenómeno forma parte del análisis. “El Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 5,1% durante el primer trimestre de 2024, lo que se traduce en una mayor pérdida de empleos formales. El desempleo alcanzó el 7,7% y muchos trabajadores debieron recurrir a empleos informales ante la falta de alternativas laborales. Además, el 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, dato que refleja la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que ha caído casi un 40% desde 2017”, menciona.
La Fundación Pensar, del PRO, tiene números muchos peores, aunque sin discriminar entre registrados y no registrados. Indicó en un escrito que en el primer semestre de 2024 ya se perdieron 600.519 empleos. Y añade: “La demanda laboral es la más baja en 10 años. Argentina registra la peor expectativa en el mundo de generación de trabajo. Un 41% de la población tiene miedo de perder el empleo”.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela en un informe que se perdieron 125.000 puestos de trabajo formales en el sector privado, es decir, en relación de dependencia, en julio respecto de noviembre del año pasado.
Catamarca tiene los mejores números, dentro de un cuadro muy preocupante. Lidera el crecimiento del empleo privado registrado en la Argentina, siempre en términos proporcionales a la cantidad de habitantes, de acuerdo con los indicadores de los tres últimos años, con una suba en ese lapso del 31,8%. Sin embargo, pese a encabezar el ranking, la provincia ha tenido saldo negativo en el último año, al igual que todas las jurisdicciones salvo Neuquén, Salta y Tucumán, que han registrado subas mínimas de la tasa de empleo privado.
