Un grupo de aproximadamente 15 personas que denunció penalmente a una mujer que fingiendo ser abogada los habría estafado, solicitarán en las próximas horas ser admitidos como querellantes en la causa que investiga la fiscal Yesica Miranda y por la cual la sospechosa fue imputada por 14 hechos de "estafa en concurso real, en calidad de autor".
La causa inició a fines de diciembre cuando ocho personas denunciaron a Micaela Rearte (34) por diversos hechos relacionados con ventas de terrenos que nunca fueron entregados, comercialización de vehículos y asesoramiento legal en múltiples conflictos.
Las denuncias fueron radicadas en las fiscalías penales N°1 y N°5. Durante la feria judicial los fiscales en feria avanzaron con las pesquisas y ante el cúmulo de pruebas reunido, el fiscal en feria Jonathan Felzstina solicitó al juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni, el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Rearte. El juez le dio lugar al requerimiento y le trabó embargo preventivo por más de ocho millones y medio de pesos.
Poco después el fiscal Alejandro Gober la imputó y emitió una orden de detención y ofició a la División Investigaciones de la Policía para que concrete la medida.
Días después terminó la feria y las denuncias recayeron en la fiscalía N°1, a cargo de la doctora Miranda, quien revocó la orden de detención.
La medida fue duramente cuestionada por los ocho denunciantes, quienes con el patrocinio del abogado querellante Arturo Herrera Basualdo, presentaron un escrito en Fiscalía General solicitando la intervención del fiscal general Alejandro Dalla Lasta, aduciendo que al estar en libertad, Rearte podría entorpecer la investigación y distraer fondos y bienes para insolventarse.
El hecho tomó estado público el martes pasado cuando los damnificados presentaron el escrito a Fiscalía. Desde ese día más de 15 denuncias fueron radicadas en la unidades judiciales N° 1 y 10, de Capital y Valle Viejo, respectivamente.
Este grupo de denunciantes, asesorado por el abogado Gabriel Romero, pedirá ser aceptado como querellante en la causa para tener acceso al expediente. Mientras tanto, el otro grupo de damnificados espera respuestas desde Fiscalía.
En diálogo con El Ancasti manifestaron su "preocupación porque la fiscal decidió no arrestarla porque ella (Rearte), se presentó espontáneamente ante la Justicia en diciembre".
Consideraron que "no tuvo en cuenta el embargo trabado por el juez de Control de Garantías", ni la "posibilidad de que pueda ocultar sus bienes impidiendo que podamos recuperar lo que nos sacó".
En el escrito presentado a Fiscalía, indicaron que "los 14 hechos imputados a Rearte son en concurso real, razón por la cual, la pena en abstracto que le podría corresponder podría alcanzar los 50 años de reclusión, que excede largamente la posibilidad de una pena de cumplimiento condicional".
