Los legisladores de la oposición cuestionaron que la cámara baja sea apartada en la designación del cargo.
Defensor del pueblo. Aseguran que sería mera quien ocupe el cargo.
Tras una sesión exprés, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó por mayoría oficialista el Decreto Acuerdo 719/25 enviado por el Poder Ejecutivo. Esta aprobación se dio en el marco de algunas modificaciones al instrumento original que envió el Gobernador a la legislatura, respetando los artículos originales de la ley sancionada en 2011.
A pesar de los cambios, la rápida aprobación del decreto despertó diferentes reacciones en el ámbito político, sobre todo en la oposición, quienes repudiando tanto el mecanismo utilizado como la idoneidad de Dalmacio Mera, ante la posibilidad de que sea este quien ocupe el cargo de Defensor de Pueblo.
El diputado y presidente de la UCR, Luis Fadel, cuestionó el procedimiento para la designación del cargo, tras la modificación de la ley por decreto que permite al Ejecutivo Provincial asignar el puesto con solo la aprobación de dos tercios de la Cámara de Senadores. “Me resulta incluso tragicómico; el Defensor del Pueblo es un órgano independiente del Gobierno, designado en el caso de la Nación de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, por el Congreso, con votos calificados y tras una selección previa”.
“Ahora, con el decreto en cuestión, se pretende realizar algunos cambios parciales que no afectan la esencia de la ley original, pero el Poder Ejecutivo continúa designando en comisión, a diferencia de lo que establece la ley matriz, que especifica claramente que debe ser una comisión bicameral”. Y recordó que el bloque radical presentó ante la Justicia un recurso de inconstitucionalidad y un amparo contra la futura designación del defensor del Pueblo. Además, recordó que la Ley Provincial 5337 establece que la designación debe realizarse mediante una comisión bicameral.
La diputada provincial y presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, expresó su indignación con frases como "sin vergüenza se nos ríen en la cara", señalando que la designación de Mera fue aprobada por "los de Jalil, Corpacci y Saadi". Carrizo criticó que el oficialismo avance con la designación "a espaldas de la sociedad", calificando a Mera como el exministro de Educación que "dejó una crisis sin precedentes". Según ella, si los legisladores oficialistas actuaran como "representantes del pueblo —y no como empleados de Raúl Jalil—, los ciudadanos no tendrían que salir a la calle para defender sus derechos”.
Siguiendo a Carrizo, el diputado provincial por la UCR, Tiago Puente, calificó la aprobación como "lo impresentable", reiterando el resultado de la votación y afirmando que Jalil "designó a dedo a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo". Puente contrastó esta acción con la situación social, declarando que "mientras la gente pelea por sueldos dignos, ellos reparten cargos entre amigos del poder". Y aseguró que "vienen por todo. No les importa nada", destacando la postura de su bloque "desde la oposición dimos la pelea. No todos fuimos cómplices".
Desde otra bancada opositora, el diputado y presidente del bloque de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, fue igualmente crítico. Afirmó que el Senado "volvió a ser la escribanía del Gobernador Jalil y Mera ya es Defensor, ¿del pueblo?", ironizó.
Brizuela criticó que "cambiaron la ley y por consiguiente el mecanismo de elección y hasta el sueldo del compañero Dalmacio por Decreto", señalando que el oficialismo después de 14 años en el poder "ya ni siquiera cuida las formas".
Su crítica se extendió a otros aspectos de la gestión provincial y vaticinó un "golpe histórico" en octubre, enmarcado en un "nuevo país con nuevos paradigmas" donde las "viejas mañas de la política no tienen lugar".
En igual sentido, su compañero de bancada, Federico Lencina, expresó que “a este tipo no lo quiere nadie como Defensor del Pueblo”. “Ni él se puede defender, en los oficialistas lo apoyan, nadie se manifestó a favor de este hombre. Que renuncie si es que algo de dignidad le queda. Dalmacio Mera ¡Afuera!”, espetó.
Por su parte, la senadora del Frente de Todos por el departamento Paclín, Virginia del Arco, respaldo la votación del instrumento, pero explicó que la aprobación del decreto fue “parcial” y que los artículos que se derogaron, volverían a su redacción original. “Cuando se deroga, puede ser parcial o total; si es total, todo se deroga y si es parcial, se hace sobre un artículo completo. No podemos modificar y agregar cosas diferentes, sino que automáticamente debe volver a la redacción original de la ley”.
Sobre la designación del cargo, Del Arco señaló que el nuevo esquema mantiene la intervención del Poder Ejecutivo, pero ahora requerirá el acuerdo del Senado, que funcionará como “en otros pliegos que hemos aprobado anteriormente”.
El Decreto 719/25, que modifica la Ley de la Defensoría del Pueblo, se aprobó con 9 votos a favor del oficialismo, 2 en contra de la UCR y 5 ausentes.
El instrumento implica la derogación de seis artículos, entre ellos los relacionados con el período de mandato y la remuneración. A partir de ahora, el mandato será de 5 años, con la posibilidad de una reelección, y el defensor del Pueblo recibirá un sueldo similar al de un diputado provincial.
