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Catamarca no está adherida a la ley nacional

Mahiques acompañó las juras en el TOF y planteó la desfederalización del narco

Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona completaron el Tribunal. Son las primeras mujeres en ocupar ese cargo en 30 años.

10 de octubre de 2026 - 00:50

Claves

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, llegó a Catamarca para poner en funciones a Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona como juezas del Tribunal Oral Federal, que completarán junto a Enrique Lilljedahl.

En la oportunidad, firmó una serie de convenios con el Gobierno de Catamarca y la Corte de Justicia, y volvió a poner sobre la mesa el debate por la desfederalización del narcomenudeo, una ley nacional a la que la Provincia no está adherida. "Es una decisión de las provincias, pero nosotros lo auspiciamos. En mi experiencia ha dado buenos resultados", dijo. Firmaron un convenio en ese sentido, con la intención de que la Provincia haga un análisis preliminar de la situación.

Nuevas juezas

Con la jura de Busleiman y Miguel Carmona, realizada en el Urbano Girardi, el TOF Catamarca completa finalmente su integración y cubre los cargos vacantes que habían dejado Adolfo Guzmán en 2020 y Juan Carlos Reynaga, quien falleció en 2023. Ambas recibieron la aprobación de sus pliegos en agosto pasado por el Senado de la Nación. Busleiman nació en La Rioja, ingresó a la Justicia Federal en 2001 como secretaria en el Juzgado Federal de esa provincia y desde 2011 se desempeñó como secretaria de cámara en el TOF riojano. Miguel Carmona, por su parte, se desempeñó como fiscal federal en Bell Ville, Córdoba y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el fuero federal.

"Poner en funciones, en este caso, a dos mujeres en un Tribunal Oral de tres es sumamente relevante, después de un concurso complejo por la duración, la verdad que no podía no estar", dijo Mahiques en su visita, con relación a este concurso que se abrió en 2021.

Desfederalización

En diálogo con El Ancasti, el ministro Mahiques destacó que "se vienen llevando a cabo algunos convenios de cooperación con las provincias para tratar de que se desfederalice el narcotráfico", una discusión que en Catamarca lleva varios años y que no ha logrado la adhesión a la ley nacional. "Es una decisión que tiene que tomar la propia Provincia. Nosotros auspiciamos que las provincias tomen la decisión de desfederalizar, porque creemos que es positivo. Lo estamos hablando con el gobernador Raúl Jalil, para que sea la Justicia local la que se ocupe de investigar el narcotrafico (sic). Cuando yo era Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, lo hacíamos. El resultado fue exitoso. Cada provincia tiene una realidad diferente, pero entiendo que es una buena alternativa, independientemente de que la decisión es de la Provincia", remarcó el ministro.

En una reunión que mantuvieron luego en el museo CATA, uno de los convenios firmados establece la adhesión de Catamarca al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), creado por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2025. "El objetivo es avanzar en una etapa preparatoria que permita evaluar las condiciones necesarias para que la Justicia provincial pueda asumir, eventualmente, competencias en la investigación y el juzgamiento de determinados delitos vinculados con el microtráfico de drogas", explicaron.

Más convenios

Además, el Gobierno de Catamarca y el Ministerio de Justicia de la Nación formalizaron una agenda de cooperación institucional mediante tres convenios destinados a "fortalecer el sistema judicial, mejorar las herramientas de intervención estatal y coordinar políticas vinculadas con la prevención y persecución del delito".

Los acuerdos fueron suscriptos por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, entre otras autoridades.

Convenios. El ministro de Justicia de la Nación, Mahiques, firmó acuerdos con la Corte.

"La agenda contempla tres ejes principales: el fortalecimiento institucional para una eventual desfederalización de la persecución penal del microtráfico de estupefacientes, el refuerzo de herramientas para implementar el Régimen Penal Juvenil y la promoción de políticas de acceso a la Justicia y protección de derechos", indicaron.

Respecto del Régimen Penal Juvenil, los convenios incluyen capacitación y supervisión especializada. "Está orientado a fortalecer las capacidades institucionales para la aplicación del Régimen Penal Juvenil, mediante la formación y actualización de los profesionales que intervienen en causas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley penal. El convenio contempla la organización de cursos, seminarios y talleres especializados, además de la articulación de recursos humanos para facilitar la disponibilidad de supervisores especializados en causas de competencia provincial y federal, conforme a los requisitos legales vigentes", explicó el Ejecutivo.

En ese marco, el Ministerio de Justicia de la Nación prevé poner a disposición de Catamarca una plataforma tecnológica para respaldar la labor de los supervisores.

"Estamos constantemente hablando con las autoridades de cada una de las jurisdicciones para poner a disposición todo lo que desde el Ministerio de Justicia se pueda aportar, como capacitaciones, dinero para infraestructura, para tecnología. En este primer mes de implementación del nuevo Régimen no hemos tenido ningún tipo de contratiempos. Obviamente, toda implementación nueva requiere una adaptación, pero la opinión es positiva", valoró el ministro.

Acceso a la Justicia

El tercer convenio establece un marco de cooperación para impulsar políticas de acceso a la información, formación en derechos y protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

El instrumento prevé el desarrollo de actividades conjuntas, capacitaciones, estudios e iniciativas de intercambio de información destinadas a optimizar el funcionamiento de los organismos involucrados.

La propuesta busca fortalecer la articulación entre Nación y Provincia para promover el acceso a derechos y desarrollar herramientas institucionales que permitan mejorar la respuesta del sistema de Justicia ante las necesidades de la comunidad.

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