Estrategia. Caputo pisa pagos a proveedores y desfinancia a las provincias para construir el superávit.
21 de junio de 2026 - 22:05
El superávit fiscal se ha convertido en uno de los principales argumentos políticos y económicos del Gobierno nacional para defender su plan de gobierno. Presentado como prueba de disciplina y orden macroeconómico, el equilibrio de las cuentas públicas es mostrado como un logro histórico en un país acostumbrado a convivir con déficits crónicos. Sin embargo, detrás de esa fotografía existe una realidad más compleja, que obliga a analizar no solo el resultado final, sino también los mecanismos utilizados para alcanzarlo y su sostenibilidad en el tiempo.
La consolidación del superávit financiero actual descansa, en buena medida, sobre decisiones que alivian transitoriamente la caja del Estado, pero que no eliminan obligaciones futuras. La postergación de pagos a proveedores y empresas de transporte constituye uno de los ejemplos más evidentes. Se trata de compromisos que no desaparecen por el mero hecho de diferirlos y que, tarde o temprano, deberán ser afrontados por el Tesoro. Del mismo modo, la virtual paralización de la obra pública reduce el gasto presente, pero genera una creciente deuda en infraestructura cuya incidencia sobre la competitividad, el empleo y el nivel de actividad se hará sentir en los próximos años.
En otras palabras, parte del superávit exhibido se construye sobre gastos diferidos y obligaciones pendientes, circunstancia que relativiza la solidez de las cifras oficiales. La mejora de las cuentas nacionales no responde exclusivamente a un incremento genuino de los ingresos o a una reestructuración eficiente del Estado, sino también a una estrategia que traslada costos hacia adelante.
Un programa económico verdaderamente consistente exige resultados genuinos y permanentes, no cifras sostenidas por mecanismos transitorios. Un programa económico verdaderamente consistente exige resultados genuinos y permanentes, no cifras sostenidas por mecanismos transitorios.
La consecuencia más visible de esta lógica es el progresivo deterioro de las finanzas provinciales. Como informó El Ancasti en su edición de ayer, mientras la administración nacional muestra números positivos, las transferencias corrientes a las provincias sufrieron, entre enero y mayo, una caída acumulada del 29,1% respecto del año pasado. El ajuste fiscal nacional se sostiene, así, en buena medida, sobre una menor asistencia a los estados subnacionales.
Las consecuencias comienzan a reflejarse con claridad en las cuentas provinciales. Si durante 2024 las jurisdicciones habían logrado, en términos generales, cerrar sus ejercicios con superávit, el año pasado la situación se revirtió y registraron un déficit equivalente al 2,1% de sus ingresos totales. Los datos parciales de 2026 anticipan un agravamiento de esa tendencia, con mayores desequilibrios fiscales.
La presión no recae únicamente sobre las provincias. En un contexto marcado por la desaceleración económica y la consecuente caída de la recaudación, la preservación del superávit nacional se sostiene también mediante una reducción del gasto social. Los recortes de subsidios, la disminución de programas destinados a sectores vulnerables y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales conforman una parte sustancial del ajuste. El costo del equilibrio fiscal es absorbido, en consecuencia, por los segmentos más frágiles de la sociedad y por los estados provinciales, que se ven obligados a afrontar mayores demandas con menores recursos.
Un superávit basado en la postergación de pagos, en la interrupción de inversiones indispensables y en la transferencia del ajuste hacia provincias y sectores vulnerables difícilmente pueda considerarse sostenible. Los desequilibrios que hoy permanecen ocultos bajo la apariencia de un resultado positivo terminan aflorando inexorablemente.
Un programa económico verdaderamente consistente exige resultados genuinos y permanentes, no cifras sostenidas por mecanismos transitorios. Los costos que hoy se trasladan al futuro o a otros actores del sistema terminan regresando, más temprano que tarde, y amenazan la propia viabilidad del esquema que se pretende preservar.
