El Gobierno nacional sabe que tiene ante sí un gran desafío a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: bajar el déficit fiscal progresivamente hasta llegar al déficit cero. Las clásicas recetas dictadas por el organismo y aplicadas sin objeciones por algunas gestiones –las de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri, por ejemplo- han supuesto ajustes presupuestarios en áreas sensibles y no han sido tampoco eficaces para bajar de una manera notable el déficit, porque la contracción de la economía que implica la baja sustancial de la inversión estatal hace, también, bajar la recaudación impositiva. Se trata de un círculo vicioso del que resulta imposible salir.
De modo que el desafío es bajar el déficit sin aplicar ajustes fuertes, aunque sí son imprescindibles políticas de responsabilidad fiscal que impidan gastos orientados a prácticas clientelares. ¿Cómo se logra achicar el déficit sin políticas de ajustes brutales?: aumentando los ingresos del Estado.
Esta lógica rompe el paradigma tradicional de las políticas “recomendadas” por el Fondo, que dice que primero hay que reducir el déficit fiscal bajando los gastos y recién, si eso se logra, empezará el crecimiento económico a partir de un aumento de las inversiones que necesitan una economía saneada. Los antecedentes, al menos en la Argentina, no sostienen esta hipótesis.
La gran duda es cómo aumentar los ingresos del Estado para que el déficit baje por esa vía y no por la vía de la contracción del gasto público. Nuevos impuestos o incrementos de las ya existentes no parece viable. Habría, en todo caso, que reestructurar todo el esquema tributario, tornándolo más progresivo, pero no parece, sobre todo en el corto plazo, algo factible de realizar.
Otro camino, que es posible recorrer en lo inmediato, es hacer más eficiente el sistema evitando las múltiples maniobras de evasión y elusión impositiva. Allí hay margen. Estimaciones de consultoras privadas señalan que si el Estado nacional logra regularizar solo una parte de las actividades económicas que hoy están “en negro”, la AFIP podría obtener una mejora de los ingresos de hasta 3 puntos del PBI.
En un informe publicado por ámbito.com, Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, que se especializa en temas tributarios, sostuvo que “si se pudiera reducir la parte de la economía que opera en negro del actual 40% a un 30%, la cantidad de recursos que podría obtener el Estado hasta podría resolver el problema del déficit. Haciendo una estimación sobre un PBI de u$s400.000 millones, si la evasión es del orden del 40%, serían unos u$s150.000 millones que no tributan”.
Si el blanqueo de la economía informal se asume como política de Estado y la evasión sigue disminuyendo, los efectos virtuosos sobre la economía serían sustentables en el tiempo. La idea está en el equipo económico. Falta, lo que no es poca cosa, diseñar un plan que permita empezar a tapar los agujeros por donde, desde hace mucho tiempo, se escabullen recursos que bien podrían contribuir a consolidar la siempre inestable economía argentina.n
