viernes 17 de mayo de 2024
Editorial

Lesbicidios o el odio que mata

El asesinato de tres mujeres –una cuarta se encuentra en grave estado- por el hecho de ser lesbianas no puede encuadrarse...

El asesinato de tres mujeres –una cuarta se encuentra en grave estado- por el hecho de ser lesbianas no puede encuadrarse como un delito común, o como un mero hecho de inseguridad. Se trata, claramente, de crímenes de odio.

Los discursos de odio, tan comunes en redes sociales pero también a veces en expresiones públicas o incluso en publicaciones que se difunden por medios de comunicación, a veces pasan del dicho al hecho, a casos explícitos de violencia. Al autor de los lesbicidios, Justo Fernando Barrientos, le molestaba la identidad de género y llamaba de un modo despectivo a las mujeres lesbianas.

La Real Academia Española sostiene que el lesbicidio es el asesinato de una mujer lesbiana por su orientación sexual. La legislación argentina no reconoce en el lesbicidio una figura específica de delito, pero el artículo 80 del Código Penal —modificado por la ley 26791-, inciso 4°, establece una reclusión perpetua “al que matare (...) por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

Se advierte en los últimos tiempos un crecimiento de la hostilidad hacia minorías, entre ellas la de la diversidad sexual. Las estadísticas disponibles indican que durante 2023 se consumaron en Argentina 133 crímenes de odio contra el colectivo LGBTQ+. Es decir, la justificación de la violencia extrema fueron la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género.

María Laura Olivier, secretaria General de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), cree que “esta situación de violencia internalizada en muchas personas se hace más fácil cuando quienes están en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o quienes tienen acceso a los medios masivos de comunicación hablan con total impunidad desde el odio. Esos discursos facilitan la manifestación del odio a las personas que están en el llano”.

Por su parte, el diputado nacional por Santa Fe del Partido Socialista y militante de la diversidad sexual, Esteban Pailón, reflexiona: “Hay distintos grados de responsabilidad pero cuando desde lo más alto del poder se legitiman los discursos de odio esto rápidamente se transforma en actitudes odiantes, en hechos con consecuencias concretas. No son inocuos. Si un dirigente, funcionaria o alguien con una posición de poder en un medio de comunicación plantea una descalificación a una persona o idea que menoscaba, discrimina o señala a algún colectivo no va a faltar alguien que en la comunidad sienta que debe hacer algo con eso. Eso, por lo general, termina en una acción violenta”.

El tremendo hecho ocurrido en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, merece, además del castigo al autor según lo que marca el Código Penal, la condena y el repudio generalizados, y exige el restablecimiento de políticas que le pongan restricciones concretas a las actitudes discriminatorias, discursivas y en la práctica, y protejan a las minorías, que son siempre las víctimas predilectas de los intolerantes y violentos.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar