sábado 13 de agosto de 2022

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Jueza penal de CABA

Las víctimas de violencia necesitan "más atención a sus derechos"

Para la magistrada, se debe realizar una escucha activa a las denunciantes y prestar atención a sus reclamos.

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6 de julio de 2022 - 00:10

Los hechos de violencia contra la mujer son transversales y se dan en distintos ámbitos y estratos sociales. Si bien son más frecuentes de lo que se piensa, requieren de un abordaje particular, de acuerdo con cada situación. Como dicen algunos juristas, se debe trabajar en fallos “sastre”, hecho a la medida de cada caso.

El Ancasti entrevistó a Natalia Molina, jueza Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), quien días pasados estuvo disertando en Catamarca. La magistrada, en otras cuestiones, se caracteriza por conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba –más conocida como probation- en algunos casos muy puntuales de violencia de género.

“La suspensión del juicio a prueba es un tema que se ha discutido durante bastante tiempo y ha pasado por distintos estadios: desde la prohibición de conceder la probation a una persona imputada en un hecho de violencia de género pero lo cierto es que hubo casos, muchos, de la vida cotidiana, que distan o se diferencian de lo que es el fallo Góngora de la Corte”, remarcó.

En este sentido, indicó que la Convención de Belém Do Pará no exige la realización del debate oral y público sino “un juicio oportuno y una sanción”. Para la jueza Molina, puede haber una resolución alternativa del conflicto, no sólo una sanción. “Tal vez el interés del fiscal es que vaya preso el imputado pero no es el interés de la víctima”, advirtió.

Por ello, indicó que se debe pensar que no es eficaz o eficiente prohibir de plano la suspensión de juicio a prueba en todos los casos. “Lo que necesitan las víctimas de violencia de género es más atención a sus derechos insatisfechos, más atención a sus reclamos y menos ensañamiento con las personas victimarias. En ese plano, hay que escuchar a las víctimas. El fiscal debe escuchar a las víctimas para saber qué quieren ellas. Durante muchos años, el Estado las trató como cosas y no como sujetos de derechos. Las víctimas también tienen sus derechos para decidir”, aclaró.

Además, remarcó que estos casos de probation tienen la posibilidad concederse cuando el vínculo esté cortado. Es decir, cuando las personas involucradas estén separadas y no en casos en los que todavía estén viviendo juntos.

“La cultura patriarcal, que vine desde la colonia, que no es de ahora, es una cultura heredada y arraigada en nuestra sociedad. De esta cultura patriarcal el castigo punitivo del Estado es parte. Hay situaciones en las cuales es inadmisible que el fiscal se apropie de ese castigo punitivo y de ese conflicto por completo silenciando a la víctima, sin permitir que ella tenga una intervención activa en su propio caso, sea decidiendo declarar de una manera, con los resguardos de sus derechos garantizados -es decir, que no declare frente al imputado, en el momento indicado, que tenga asistencia psicológica y acompañamiento y que tenga la posibilidad de conversar con el fiscal para ver si lo que ella quiere es ir a juicio o no-. Eso le da la dimensión a la víctima para poder efectivamente tener una intervención directa en su propio caso”, puntualizó.

Beneficio

La suspensión del juicio a prueba es una alternativa que la ley acuerda a ciertos y determinados individuos que han sido acusados formalmente de haber cometido un delito o más que darían lugar a la condena condicional. La suspensión del juicio a prueba no se puede conceder para todos los delitos, ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos.

“En el fallo Góngora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió la suspensión del juicio a prueba en los casos de violencia de género. Lo cierto es que no todos los casos son iguales. Una cosa es la suspensión del juicio a prueba que, a mi criterio, es un beneficio a favor del imputado, no un derecho, por un período a condición de que cumpla reglas de conducta”, indicó.

Si éstas se cumplen exitosamente en el término que el juez determine, pasado este plazo, el proceso se cierra. Ahora, si el imputado incumple alguna de las reglas de conducta, el beneficio se revoca, se reabre el caso y va a juicio, con el agregado de que durante unos años no va a poder tener este beneficio, explicó. La probation contribuye a una respuesta más humana en la justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento, como así también desde un punto de vista práctico impedir que llegue la sentencia en procesos de poca importancia en política criminal ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran ventaja que se producen importantes reducciones de costos al Estado. El elemento esencial de la suspensión del juicio a prueba es como método de reeducación del acusado.

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