La entrada en vigencia de la Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos marcó un nuevo norte para garantizar el acceso a las justicia a un grupo de personas damnificadas y silenciadas. En Catamarca en 2014, la diputada con mandato cumplido Macarena Herrera había presentado un proyecto de ley para la creación en el ámbito del Ministerio Público de las Defensorías Oficiales de la Víctima del Delito. La legisladora insistió en su iniciativa en 2019, pero a la fecha ambas propuestas están archivadas.
“Las Defensorías Oficiales de la Víctima del Delito que tendrán por función el patrocinio letrado gratuito de aquellas víctimas que no cuenten con recursos económicos para la contratación de un abogado particular, logrando así hacer efectivo el derecho constitucional de participar en el proceso penal como querellantes, para probar la existencia del delito y la culpabilidad del imputado”, argumentó Herrera.
La Ley Nacional reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados. También estipula que deben establecerse y coordinarse acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
