Representantes de distintos sectores y del Concejo Deliberante participaron de un encuentro para definir una postura común sobre la instalación del proyecto.
Las cámaras de Turismo, Económica y de Proveedores Mineros de Fiambalá se reunieron por primera vez, junto a representantes del área de salud, la supervisión de nivel educativo, los gremios ATE, ATECa y CTA, el Concejo Deliberante y prestadores turísticos, para definir una posición común sobre la instalación de la Zona Franca del departamento Tinogasta.
El encuentro, encabezado por la presidenta de la Cámara de Turismo, Fátima Haddad, se realizó en la sede de esa institución y abordó la ubicación del proyecto, los beneficios que traería como polo productivo y la elaboración de un documento que tomará estado público.
La convocatoria responde a la disposición geográfica sobre el lugar donde se radicará la Zona Franca, anunciada semanas atrás por el Gobierno provincial.
Desde el sector turístico remarcaron que Fiambalá reúne condiciones estratégicas para alojar el proyecto: su posición geográfica, la cercanía con el Paso Internacional San Francisco, el desarrollo de la actividad minera y la presencia de empresas del sector.
Tinogasta está integrado por dos municipios, la cabecera departamental y Fiambalá. La normativa provincial asigna el proyecto a la jurisdicción del departamento en su conjunto, sin precisar aún cuál de las dos localidades albergará la infraestructura.
El Concejo Deliberante de Fiambalá ya había aprobado, por unanimidad, un proyecto de respaldo a la instalación de la Zona en esa jurisdicción, en línea con el pedido formal que antes había realizado el intendente Raúl Úsqueda ante el Poder Ejecutivo provincial.
La resolución solicita que, antes de definir el emplazamiento físico, se incorpore formalmente a Fiambalá como alternativa de localización y se disponga su evaluación técnica, económica, logística, productiva, ambiental y territorial, conforme a la Ley Nacional. Propone a esa jurisdicción como sede prioritaria por su ubicación sobre la Ruta Nacional 60, su proximidad al paso fronterizo, la concentración de actividad minera, la disponibilidad de servicios básicos y la existencia de terrenos municipales disponibles.
El presidente del cuerpo, Cristian Gonzalo Olmedo, había remarcado los mismos argumentos productivos y territoriales. "No es a título de pelea", aclaró, aunque agregó: "Vamos a pelear para que sea acá en Fiambalá. En buenos términos".
Desde Tinogasta, la senadora departamental Pamela López sostuvo, en declaraciones a la prensa, que la disputa por la sede constituye una "división innecesaria", ya que el desarrollo de la zona beneficiará a todo el departamento y a la provincia, no a una localidad puntual. Según explicó, el sitio para la infraestructura principal ya fue ofrecido y quedó definido desde que la gestión municipal de Tinogasta inició los trámites, alrededor de 2016: un predio sobre la Ruta Nacional 60, frente al aeródromo local, cuyos terrenos para la zona primaria aduanera ya fueron cedidos a la gestión nacional. López sumó al intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y al diputado nacional Sebastián Nóblega entre quienes respaldan ese mismo predio, y remarcó que los tres coinciden en definir a la Zona Franca como un "trampolín" no solo para el departamento, sino para toda la provincia.
Durante el encuentro, un vecino planteó que la Nación y la Provincia reciben una porción significativa de la renta minera de Fiambalá a través de impuestos y que ese ingreso debería traducirse en inversión para el desarrollo del departamento, dado que se trata de un recurso no renovable que se agotará con el cierre de los yacimientos.
Sostuvo que los fiambalenses deben exigir esas inversiones y no dejar toda la responsabilidad de gestión en manos del intendente de turno, más allá de su color político o el año de mandato.
El mismo participante explicó que la ley de creación de una Zona Franca reglamenta paso a paso el procedimiento entre la Provincia y la Nación, sin dejar librado al azar ningún trámite. Aclaró, además, que el beneficio para el conjunto de los fiambalenses no será una exención impositiva directa para el consumidor.
Según se informó, el documento con la posición unificada de las entidades fiambalenses tomará estado público y luego será remitido al gobernador Raúl Jalil y a la Legislatura provincial, quienes pondrán en consideración el reclamo.