Las denuncias de la PROCELAC, en manos de la Fiscalía de Belén
Tras la declaración de incompetencia de la Justicia Federal, fueron giradas a ese distrito y avanzan en medidas.
Luego de que la Justicia Federal se declarase incompetente en las denuncias realizadas por la PROCELAC contra los intendentes Franco Carletta (Icaño), Isidro Gómez (Corral Quemado) y el exintendente Daniel Ríos (Belén), las actuaciones fueron giradas a la Justicia ordinaria, que dejó en manos de la Fiscalía de Belén la investigación, al menos de los dos casos que involucran a funcionarios de ese distrito. Actualmente, se tomaron las primeras medidas de rigor para establecer si existió delito y se solicitó asistencia contable.
Según pudo conocer El Ancasti, luego de que la Justicia Federal remitiera las actuaciones a Fiscalía General, los expedientes habrían sido girados a la Fiscalía de la Tercera Circunscripción, en Belén, a cargo de Florencia Reales Sesto, quien solicitó una serie de medidas tendientes a determinar el tipo de delito y asistencia de profesionales contables.
Inicialmente, la PROCELAC denunció ante Fiscalía Federal posibles maniobras compatibles con lavado de activos, circunstancia que el fiscal federal Santos Reynoso descartó al señalar que los recursos involucrados no tienen un origen ilícito sino que se sospecha de maniobras irregulares en el manejo de fondos recibidos por coparticipación.
La fiscal Reales Sesto debe investigar, entonces, qué tipo de delitos habrían cometido los funcionarios denunciados. En este caso, el intendente de Corral Quemado, Isidro Gómez; su secretario de Hacienda, Pedro Raúl Purulla; y su secretario de Finanzas, Jesús Waldo Ríos; y en Belén al exintendente Daniel 'Telchi' Ríos y su entonces secretario de Hacienda, Julio César Barragán.
La tercera denuncia, que involucra al intendente de Icaño, Franco Carletta, y a sus secretarias de Acción Social, Jorgelina del Valle Luna; de Hacienda, Rita Ramona Aragón; y de Finanzas, María Florencia Cabrera, no está siendo investigada por esta Fiscalía. Aunque no trascendió, de haberse aplicado el mismo criterio que con las otras, este expediente debería estar en manos de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción, de La Paz.
Corral Quemado
La PROCELAC señaló al intendente Octavio Isidro Gómez (UCR) por la extracción de $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, bajo la modalidad del cobro de cheques en efectivo, en distintas operaciones que iban desde $1,5 a $85 millones. En este caso, los representantes legales de la Municipalidad habrían suscripto declaraciones juradas sobre el destino y aplicación de los fondos ante el Banco de la Nación Argentina, informando que guardaría relación con "gastos y pagos realizados por la Municipalidad que iban desde sueldos y aguinaldos, hasta bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios diversos, almuerzos para personal de salud, pago por espacio publicitario, ayudas sociales, contratos municipales y de obras, subsidios", entre otros.
Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtió que esto no pudo corroborarse porque la Municipalidad omitió aportar documentación que certificara el cobro e identidad de los beneficiarios de los pagos descriptos. Además, llamó la atención la inusualidad de las extracciones en efectivo por altos montos que se realizaron en coincidencia con los procesos electorales, por lo que intuyeron que "podría obedecer a proselitismo electoral".
Belén
En este caso el apuntado es el exintendente Daniel ‘Telchi’ Ríos (UCR), investigado por extracciones realizadas entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando concluyó su mandato. En ese período, se retiraron $623.996.158 mediante el cobro de cheques por montos que iban desde $25.000 hasta $66 millones.
En este sentido, a la UIF le llamó la atención que los meses en los que tuvieron lugar mayores extracciones habrían sido diciembre de 2022, junio de 2023, agosto 2023 y noviembre de 2023, siendo estos dos últimos períodos contemporáneos con las elecciones PASO y el balotaje de ese año, en el que Ríos no podía ser reelecto como intendente, pero fue precandidato a senador por el departamento Belén.
Maniobra regional
Además de los catamarqueños, la PROCELAC denunció a otros cinco intendentes y cuatro exintendentes de Tucumán y Salta, sospechados de utilizar los fondos de sus municipios para el lavado de activos, al comprobarse que extrajeron por su cuenta o por vía de terceros un total de $39.487.306.943,14 en distintos períodos entre 2023 y 2024, aunque la mayoría de los montos se habrían extraído en períodos que coincidieron con las elecciones de 2023.
En Tucumán, se denunciaron estas maniobras en Banda de Río Salí, Famaillá, Monteros y San Isidro de Lules, mientras que en Salta esto habría ocurrido en San Carlos.n
