Entre 2021 y 2023 se registraron 54 denuncias. En 2021 hubo 23 denuncias y el año pasado, solamente 11.
Las plataformas virtuales son los nuevos espacios para la consumación de delitos. En este espacio, niños, niñas y adolescentes son algunas de las víctimas más vulnerables. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, entre 2021 y 2023, se registraron 54 denuncias. No obstante, el dato más relevante es que estas denuncias vienen en descenso. En 2021, hubo 23 denuncias; en 2022, 20 y en 2021, 11.
Los datos corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo. En 2021, la Unidad Judicial 2, en la zona sur de la Capital, registró la mayor cantidad de denuncias: siete. En 2022, la Unidad Judicial 9, también en la zona sur, recibió cinco denuncias. En tanto que, en 2023, la Unidad Judicial 8, en el norte capitalino, registró cuatro denuncias.
El “grooming” es el acoso de adultos a niños, niñas y adolescentes, a través de las nuevas tecnologías de información y de comunicación (NTIC), redes sociales, teléfonos celulares o internet. El agresor busca persuadir para crear una “amistad” y de esta manera lograr un acercamiento que le permita obtener imágenes, videos con contenido sexual, e inclusive un posible acercamiento físico para abusar sexualmente de la víctima.
A través de este delito, el “groomer” –así se define a este tipo de acosador- estudia a la víctima al conocer cuáles son sus intereses, gustos, actividades, entre otros. Generalmente, el primer contacto se realiza en las redes sociales y en ocasiones el agresor falsifica su identidad haciéndose pasar por otro chico. Una vez consolidada la relación de amistad y de confianza, el agresor no duda en empezar el acoso sexual, solicitando material pornográfico o un encuentro sexual.
Este modo de abordaje es un delito. El Código Penal Argentino, en el artículo 131 –incorporado en diciembre de 2013-, estipula que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
Tanto del Sistema de Protección de chicos y chicas como desde el ámbito de la Justicia exhortan a padres, docentes y demás personas que tengan sospechas o sepan sobre abusos sexuales a niños, niñas y a adolescentes a que realicen la denuncia penal correspondiente. Al respecto, advirtieron que los delitos contra la integridad sexual de chicos y chicas son de instancia privada pero de acción pública. La sola sospecha alcanza para realizar la denuncia. Además, en el contexto de pandemia por coronavirus COVID-19, los expertos advirtieron que niños, niñas y adolescentes se encuentran más sobreexpuestos en internet. El hecho de permanecer en sus hogares los lleva a estar hiperconectados en redes sociales. Por ello, se recomienda el acompañamiento de padres, madres y demás adultos responsables y del fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI). “Se hizo pasar por otra persona, contactó a la chica, primero por Instagram y luego por Whatsapp y una vez que el imputado se ganó la confianza de la adolescente, la introdujo a conversaciones de índole sexual, pidiéndole fotografías y videos. Afectó su integridad sexual”, remarcó. Además, destacó que “el imputado ejercía una cierta violencia contra la víctima, manteniendo un claro esquema de ‘superioridad’” y de desigualdad de poder de él sobre ella”, había advertido el juez de Control de Garantías de Santa María, José Luis Navarro, en los fundamentos de una condena por “grooming”, tras la confesión del acusado en un juicio abreviado.
