lunes 20 de mayo de 2024
Editorial

Las auditorías están, el ajuste también

El diputado libertario catamarqueño Adrián Brizuela atribuyó el motivo principal de la protesta universitaria a una falta de voluntad para que se audite el manejo del dinero del presupuesto para las casas de altos estudios. En declaraciones a Radio Ancasti dijo, concretamente, que el corazón de la protesta universitaria “está vinculado a la negativa de seguir una línea de transparencia”. “Las universidades tienen que ser auditadas, como todo organismo que se sustenta con fondos públicos”, argumentó. “Y esa negativa a explicar, a transparentar, no le hace bien a la universidad”, añadió.

Al parecer, al legislador de La Libertad Avanza le parece nimio, motivo insuficiente para reclamar, que el presupuesto de este año sea de un tercio respecto del de 2023 y que, de no haber ampliaciones, en un tiempo que algunos calculan en dos meses, no habrá fondos para seguir funcionando.

Pero, por otro lado, el análisis de Brizuela, que durante muchos años fue docente de la Universidad Nacional de Catamarca (lo sigue siendo, solo que ha pedido licencia para ejercer el cargo legislativo) puede hacer presuponer que los fondos que se le entregan van a parar a una caja negra sin control, que no existen los mecanismos institucionales para controlar el buen uso de los recursos. Obviamente no es así. Cualquiera que esté mínimamente informado del funcionamiento de las universidades sabe que están auditadas externamente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y que la información es pública. La AGN es un organismo pluralista. Está integrada por un Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.

También es público el presupuesto asignado a cada universidad, el que se distribuye según los criterios establecidos por sus consejos superiores, cuyas sesiones son públicas. Los consejos superiores están integrados por el rector, vicerrector, decanos de las facultades y consejeros representantes de docentes, no docentes, alumnos y egresados, todos ellos elegidos democráticamente.

A su vez, las facultades de cada universidad tienen sus propios consejos directivos, que deciden de un modo plural el uso de los fondos del presupuesto. El propio Brizuela fue consejero directivo y director del Departamento Inglés de la Facultad de Humanidades.

De modo que están todos los mecanismos funcionando para el control del uso de los fondos y las auditorías a cargo de la AGN. Si el legislador entiende que hay un mal uso de los dineros de las universidades o que éstas se niegan a ser auditadas, su deber es denunciarlo con pruebas concretas y no emitir generalizaciones que suenan más a excusas para justificar la enorme retracción de fondos que están sufriendo a partir del congelamiento presupuestario definido por el Gobierno nacional.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar