Hay una pregunta central en el complicado escenario judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner: ¿hasta dónde están sus prosélitos en condiciones de llevar adelante la consigna “si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”?
El fiscal Diego Luciani pidió en la causa Vialidad que se la condene a 12 años de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso de su fortuna por 5.321 millones de pesos. Si esa u otra pena es impuesta finalmente por el tribunal, es improbable que tenga el efecto “proscriptivo” que enarbolan los cristinistas, pues le quedaría una larga vía recursiva por transitar antes de quedar firme.
Conforme a la jurisprudencia vigente, la Justicia Electoral solo podría dejarla fuera de carrera si antes de las elecciones no tuviera la posibilidad de ir en recurso extraordinario contra la sentencia condenatoria ante la Corte Suprema. Antes, la Cámara Electoral consideraba que bastaba una sentencia de Casación para privar a alguien de la chance de candidatearse, pero la propia Corte estableció el nuevo criterio en un caso que favoreció a Carlos Menem.
Vale decir que la Vice podría postularse a cargos electivos aun con condenas de primera y segunda instancia a cuestas.
En este marco, la multiplicación de respaldos burocráticos transmite más fragilidad que fortaleza.
Entre ellos se cuenta el de más de 500 intendentes peronistas, 17 de ellos catamarqueños cuya rúbrica destaca más la ausencia de quienes decidieron no plegarse a la movida de lapicera fácil, que tiene el claro propósito de condicionar a una Justicia considerada instrumento del “lawfare”. ¿Qué pasa si la Justicia así caracterizada no acata? ¿Participarán los firmantes del “quilombo” que prometen La Cámpora y sus satélites?
Otra pregunta cuyo despeje requiere algo más que declaraciones.
Por Catamarca firmaron Sebastián Nóblega (Tinogasta), Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú), Roxana Paulón (Fiambalá), Eduardo Menecier (Paclín), Francisco Gordillo (Pomán), Marcelo Saavedra (Los Varela), Susana Zenteno (Valle Viejo), Raúl Barot (Los Altos), Elpidio Guaraz (Santa Rosa), Franco Carletta (Icaño), Cristian Gutiérrez (Aconquija), Jorge Herrera (Las Juntas), Gilberto Santillán (Londres), Mario Sosa (Tapso), Omar Soria (Huillapima), Carlos Luna (Mutquín) y Lucas Carrazana (Saujil).
El documento sostiene que Cristina es víctima de una violación a los derechos humanos por parte del aparato judicial, que la estigmatiza.
Se trata de un conflicto que atañe sobre todo al área metropolitana. El liderazgo territorial de la acusada se concentra y recluye en su conurbano, de modo más ostensible en un proceso marcado por la fragmentación del oficialista Frente de Todos, las maniobras de Sergio Massa para capturar una candidatura presidencial el año que viene y la tendencia de los gobernadores del interior a priorizar el pellejo propio antes que comprometerlo en las rencillas y estrategias de los dirigentes de esa populosa geografía.
Ayer se produjeron incidentes frente a la casa de Cristina en el barrio porteño de Recoleta, entre un grupo de caceroleros que se llegaron para repudiarla y otro conformado por sus adherentes, que acudió a expresarle apoyo.
La Vice dijo estar “frente a un pelotón de fusilamiento mediático y judicial” y acusó de “energúmenos macristas” a los manifestantes contrarios.
Ese es el bélico tono que comienza a afirmarse en el área metropolitana al influjo del “Con Cristina no se jode”, y que podría contaminar al interior, como tantas otras inconveniencias de esa región lo contaminan.
Independientemente de los afectos, el momento demanda prudencia para evitar indeseables réplicas locales de los estallidos que se fomentan en la metrópolis, en función de intereses muy concretos que habría que ver si coinciden con los de la Provincia. n